José El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, José Serrano Salgado, detenido desde el 7 de agosto de 2025 en Miami, Estados Unidos, fue denunciado por presunta corrupción, narcotráfico y conspiraciones políticas, tras un informe detallado presentado por su exasesor Diego Vallejo al fiscal del Distrito Sur de Florida, con el objetivo de esclarecer supuestos delitos cometidos durante su gestión.
Denuncias presentadas en Florida en contra de José Serrano
Diego Vallejo, exasesor de Serrano y héroe militar de la Guerra del Cenepa, entregó al fiscal Jason Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, un informe de más de 30 páginas que detalla presuntos delitos de Serrano y su pareja, María Paula Christiansen. El documento, remitido también al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., acusa a José Serrano de orquestar tramas de corrupción, nexos con el narcotráfico y manipulación de procesos judiciales en Ecuador. Vallejo, asilado político en EE.UU., solicita una investigación exhaustiva bajo la cooperación bilateral entre ambos países.
Vallejo alega que Serrano fabricó pruebas en casos emblemáticos como el 30-S, un supuesto intento de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa, y el caso Luluncoto, donde se presentaron manuales de bombas y agendas falsas para incriminar a opositores. Jueces reconocieron que varias de estas pruebas fueron manipuladas desde el Ministerio del Interior durante la gestión de Serrano (2011-2016). Estas acciones habrían buscado silenciar a críticos del correísmo.
El abogado Luigi García denunció que, en 2017, Serrano lo conectó directamente con Washington Prado Álava, alias “Gerald”, conocido como el “Pablo Escobar ecuatoriano”. Según García, Serrano facilitó una llamada con el narcotraficante, extraditado a EE.UU. por traficar más de 250 toneladas de droga. Estas acusaciones sugieren vínculos entre Serrano y redes de narcotráfico.
Contratos irregulares y lavado de activos
En 2014, Serrano otorgó poderes a María Paula Christiansen para firmar contratos de emergencia en la Policía Nacional, por un total de $330 millones. Estos convenios, destinados a la compra de caballos, chalecos, patrullas y equipos, presentaban evidentes sobreprecios. La Contraloría de Ecuador detectó irregularidades, investigando a funcionarios por concusión y tráfico de influencias, aunque las pesquisas no avanzaron en el país.
Serrano también aparece en audios relacionados con el secuestro del político Fernando Balda en Colombia, coordinando estrategias con agentes implicados. Este caso involucró al expresidente Rafael Correa como presunto autor intelectual. Además, Serrano fue vinculado a la filtración de los Inapapers, una campaña para desacreditar al expresidente Lenín Moreno, utilizando hackers y periodistas.
En un proceso judicial en Florida contra el excontralor Carlos Polit, el empresario Diego Sánchez Silva confesó haber participado en sobornos y delitos financieros junto a Serrano. El esquema incluía transferencias ilegales y operaciones de lavado de activos bajo la legislación estadounidense.
Fraude al ISSPOL y detención de José Serano
Documentos y chats revelan que Serrano mantuvo vínculos con Jorge Chérrez, implicado en un fraude al Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). En 2018, Chérrez entregó un cheque de $230.000 a Christiansen. Las autoridades estiman que, de concretarse un plan para fusionar fondos de cesantía con el ISSPOL, el perjuicio habría alcanzado $1.950 millones.
Serrano fue detenido el 7 de agosto de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permanece en el Centro de Detención Krome en Miami, mientras se tramita su caso de asilo político, presentado en octubre de 2021. Su próxima audiencia está programada para el 25 de agosto de 2025, y la revisión de su asilo para el 11 de septiembre de 2025.
Contexto y presunción de inocencia de José Serrano
Estas acusaciones sitúan a Serrano, una figura clave del correísmo, en el centro de una compleja red de corrupción y crimen organizado. Según Transparencia Internacional, Ecuador perdió $3.500 millones por corrupción en el sector público entre 2010 y 2020. Sin embargo, todas las denuncias deben ser corroboradas por las autoridades, y Serrano goza de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial.
