Tras nueve años de espera, la telenovela del Palacio de Justicia de Portoviejo presentó un capítulo revelador en el que parece haber una luz al final del túnel, a la espera de su culminación. La edificación, cuyos trabajos de remodelación fueron suspendidos en noviembre del 2022 tras la detección de supuestas fallas estructurales en el bloque 4, es completamente segura, por lo que puede ser rehabilitada y habitada en cualquier momento. 

Ese fue el resultado del estudio realizado por la Consultoría y Construcción en Ingeniería Rurak Cia. Ltda., presentado la mañana de este martes 15 de julio en una rueda de prensa por funcionarios del Consejo de la Judicatura. Iván Delgado, representante de la empresa consultora, fue claro en su intervención, “el Palacio de Justicia es estructuralmente sólido, con daños menores que no afectan su estabilidad”, desmintiendo las fallas que paralizaron la obra. Las supuestas afectaciones en vigas del bloque 4 fueron notificadas once días antes de cumplirse el plazo de la entrega de la obra. Para entonces, la obra tenía un avance superior al 85%.

La consultora evaluó el edificio de 10.000 metros cuadrados, que actualmente tiene 25 años de antigüedad. “Hemos realizado pruebas como ultrasonido, ensayos de ruptura de cilindros para medir la capacidad de compresión del hormigón en columnas y vigas, y análisis de velocidad de corrosión para evaluar el estado de las varillas”, detalló. Además, se ejecutaron estudios adicionales como el SPT a 15 metros con cuatro perforaciones, análisis de vibraciones ambientales del suelo y estructura, y un estudio de peligrosidad sísmica con un espectro propio. El informe identificó patologías menores como corrosión localizada debido al abandono de cuatro años, pero aseguró que el edificio puede habilitarse. Fueron tres meses pruebas de resistencia, análisis de planos y evaluaciones de los cinco bloques del edificio., se indicó.

Reacciones y procesos en marcha

“Nos mintieron diciendo que este palacio no era seguro”, afirmó Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien durante su intervención señaló que se han impulsado acciones urgentes, incluyendo una demanda contenciosa administrativa y una acción penal ante la Fiscalía General del Estado. “Quienes no actúan con justicia deben responder por sus acciones”, indicó el funcionario, quien señaló que las investigaciones apuntan a contratistas y funcionarios. Además, anunció que “iniciaremos los trabajos para rehabilitar este palacio, garantizando que cada centavo sea auditado por la Contraloría General del Estado”.

George Farfán, líder del colectivo “Y la corte pa’ cuándo”, celebró los resultados tras años de protestas semanales. “Sabíamos que cada que llegaba la comisión del Consejo Nacional de la Judicatura (CJ) ordenaban mojar las losas para simular filtraciones”, denunció, acusando un “pacto colusorio” entre contratistas, contratantes y fiscalización.

El Palacio, afectado por el terremoto del 16 de abril de 2016, recibió intervenciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en 2019 que recomendaron alivianamientos. La remodelación, iniciada en el 2020, no se completó por la suspensión de 2022. Farfán exigió que “ese edificio sea para la administración de justicia”, reflejando la lucha por un servicio judicial digno en Manabí.

El caso está en Fiscalía

Desde el área jurídica del CJ, se informó que, al presentar la demanda contenciosa administrativa, se descubrió que las pólizas de seguros del proyecto del Palacio de Justicia estaban con una compañía en liquidación, lo que llevó a declarar el incumplimiento. “Nosotros hemos tomado acción e incluirlo en la pretensión de la demanda que hemos presentado, que es de 4’300.000 dólares que se está solicitando”, informó el área jurídica.  También se informó que se han iniciado acciones legales administrativas y judiciales, incluyendo una denuncia por sabotaje que podría reformularse a peculado según las investigaciones reservadas de la Fiscalía.

La investigación busca obtener la versión de carios actores, incluyendo fiscalizadores, administradores de contratos y otros involucrados, analizando presupuestos unitarios, planillas y legalidad de prórrogas, para evitar que el perjuicio a la provincia de Manabí quede en impunidad. El objetivo es esclarecer las etapas de contratación y ejecución, asegurando un seguimiento exhaustivo del proceso, se informó. 

Con el respaldo del colectivo y la Corte Provincial, Godoy prometió transparencia en la reconstrucción, asegurando que “la provincia merece un espacio de justicia accesible”. La Contraloría ya determinó pagos sin sustento técnico, y las acciones legales buscan responsabilizar a los involucrados, indicó. Delgado, por su parte, propuso mejoras para corregir irregularidades torsionales y combatir la corrosión. 

Aún no hay fecha

Ahora la gran interrogante es la fecha de reinicio de los trabajos para rehabilitar el Palacio de Justicia. Delgado indicó que en tres semanas estarían listos los resultados de la segunda etapa del estudio, en el que se determinarán las soluciones estructurales para dejar operativo el edificio. En cuanto al dinero que se necesita para terminar los trabajos, se indicó que se revisarán los lineamientos para solicitar los recursos respectivos. 

Los asambleístas Valentina Centeno y Mario Zambrano, presentes en la rueda de prensa, aseguraron que, como fiscalizadores, harán seguimiento para que se culmine la obra y los responsables por el retraso de su entrega sean sancionados.

En una rueda de prensa del 10 de diciembre del 2022, Manuel Vera, procurador común del Consorcio RPJ, contratista de la obra, informó tras la suspensión de la obra que faltaban 60 días para concluir los trabajos en el Palacio Justicia.