La crisis hospitalaria en la provincia de Manabí vuelve a estar en el centro del debate. La asambleísta Gabriela Molina (Revolución Ciudadana) denunció en entrevista con Manavisión Plus que, a pesar de que el Hospital de Especialidades de Portoviejo ganó judicialmente el cobro de la póliza de seguro tras un incendio ocurrido hace cuatro años, hasta la fecha los recursos no han sido entregados en su totalidad a la casa de salud.

Según Molina, el hospital logró obtener en los tribunales el reconocimiento de más de cuatro millones de dólares como compensación por los daños del siniestro. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas no ha transferido los valores íntegros al centro médico. “Existen apenas paliativos de alrededor de 700 mil dólares, pero la deuda real sigue pendiente”, afirmó la legisladora. Esta falta de cumplimiento ha impedido que la institución avance en las fases de crecimiento y recuperación planificadas, limitando su capacidad de atención a los pacientes.

El 5 de julio de 2021, un incendio en el cuarto de máquinas del Hospital de Especialidades de Portoviejo obligó a la suspensión inmediata del funcionamiento en la casa de salud. Dos años después, tras un fallo judicial, la empresa aseguradora depositó el valor del seguro en las cuentas de la casa de salud, de donde se transfirieron al Ministerio de Salud, entidad que debe adquirir los equipos que deben reponerse en el hospital.

Un problema que agrava la crisis de salud

La asambleísta recordó que el incendio dejó serias afectaciones en la infraestructura y en los equipos médicos del Hospital de Especialidades. La expectativa era que, con el pago del seguro, se pudiera reparar el daño y ampliar los servicios de atención. No obstante, la falta de transferencia de los recursos mantiene al hospital en una situación de vulnerabilidad.

“Estos valores no acreditados dificultan que el hospital pueda crecer y sostener acciones que antes realizaba con normalidad. Hoy, incluso debe depender solidariamente de otras casas de salud como el Verdi Cevallos Balda para poder sostener servicios básicos”, explicó Molina.

La legisladora insistió en que este incumplimiento refleja la falta de gestión del Gobierno central, que ha priorizado otros gastos por encima de las necesidades hospitalarias de Manabí. “El Ministerio de Finanzas nos dice que son los únicos facultados para priorizar pagos, pero no han acreditado nada para los hospitales de la provincia”, subrayó.

Deudas con proveedores y personal del Hospital de Especialidades

El caso del hospital de Portoviejo se suma a una problemática más amplia que afecta al sistema de salud en la provincia, según el criterio de la legisladora. Molina indicó que, durante los recorridos realizados junto al asambleísta Fernando Cedeño en varios hospitales, constataron no solo la falta de medicamentos e insumos, sino también deudas con proveedores de limpieza y seguridad que superan los seis meses sin pago.

“Nos preocupa que ni a los administradores locales ni a los legisladores nos responden los ministerios. Hay una grave crisis de financiamiento que golpea a los usuarios y a los trabajadores que sostienen los servicios de salud”, añadió.

Centralización y falta de gestión

La asambleísta también cuestionó el Decreto 108, que centraliza las competencias de compra y distribución de medicamentos en el nivel central, restando autonomía a las coordinaciones zonales. Para Molina, esta medida solo ha agravado la ineficiencia en la entrega de medicinas y la atención a pacientes, sobre todo en provincias alejadas como Manabí.

“El Ministerio de Salud Pública no tiene la logística para manejar de manera centralizada la distribución. Si antes había retrasos, ahora el problema se amplificará, porque depender de Quito para todo significa más tiempo de espera para los pacientes”, señaló.

Una deuda con los ciudadanos

La falta de desembolso del seguro al Hospital de Especialidades de Portoviejo es, según Molina, un ejemplo concreto de cómo la desatención financiera limita el derecho a la salud. “Estamos hablando de recursos ya ganados judicialmente. No se trata de pedir favores, sino de exigir que se cumpla lo que por ley corresponde a este hospital y a la ciudadanía de Manabí”, recalcó.

La legisladora adelantó que continuará con el proceso de fiscalización y no descarta llevar nuevamente el tema a la Asamblea Nacional para exigir respuestas al Ministerio de Finanzas. “Este no es un problema solo de las autoridades hospitalarias o de los legisladores; es un problema de los usuarios, de los ciudadanos que todos los días llegan a un hospital sin medicinas ni personal suficiente”, advirtió.

Molina: Hay crisis estructural

El reclamo de Molina se da en un escenario de recortes presupuestarios al sector salud. Según datos revelados en la entrevista, el presupuesto para el año 2025 presenta 421 millones de dólares menos para esta área, mientras que en los últimos 20 meses han pasado cinco ministros de Salud sin que se logre estabilidad en la gestión.

“Tenemos una crisis estructural. Sin recursos y sin gestión no se puede garantizar el derecho a la salud”, concluyó la asambleísta.