El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, lanzó una fuerte denuncia este 17 de diciembre de 2025. Durante su enlace radial, señaló que el adelantamiento de la audiencia de juicio en el caso Triple A responde a una estrategia política clara. El objetivo, según él, busca estigmatizarlo y bloquear cualquier candidatura futura.
Alvarez afirmó con contundencia que estas acciones forman parte de un patrón sistemático contra la oposición. “Ellos buscan estigmatizarme y evitar que me candidatice a la reelección o a cualquier otra elección”, declaró. Además, comparó su situación con casos recientes de figuras políticas perseguidas.
El burgomaestre cuestionó el uso del sistema judicial con fines políticos. Mencionó ejemplos como el de Jan Topic y la eliminación del partido Construye a María Paula Romo. “Todo lo que huela a oposición, lo quieren eliminar”, enfatizó. Sin embargo, aseguró que resistirá firme.
El alcalde de Guayaquil confirmó su asistencia a la audiencia, programada para los días 24, 28, 29 y 30 de diciembre en Quito. “Siempre estoy listo, vamos a comparecer y enfrentar todo”, añadió.
Denuncia judicial en fechas festivas
Por otro lado, el alcalde criticó el adelantamiento de la diligencia. Originalmente fijada para enero de 2026, ahora inicia en plena Navidad. Álvarez la calificó de “malicia judicial” y “ganas de joder”, sin urgencia procesal real.
Además, señaló coincidencias sospechosas. Apuntó que el mismo juez participa en otros casos sensibles. En contraste, destacó la lentitud en juicios contra narcotráfico y organizaciones delictivas.
Alvarez enumeró acciones que, a su juicio, siguen un calendario político. Incluyen vinculaciones antes de elecciones, imposición de grillete en fechas festivas y allanamientos en días simbólicos. Todo, dijo, orientado a “la foto” y la estigmatización pública. En este contexto, el alcalde defendió su inocencia y explicó que su rol como gerente de una comercializadora de combustibles.
Antecedentes del caso Triple A
El caso Triple A investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados. Según la Fiscalía General del Estado, genera un perjuicio al Estado de más de 94 millones de dólares. El proceso inició tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía.
Alvarez y otras 21 personas enfrentan acusaciones por almacenamiento, transporte y distribución ilegal de hidrocarburos. Su empresa familiar, vinculada al caso, aparece en el dictamen acusatorio. Sin embargo, el alcalde insiste en que no vende combustible desde hace casi dos años.
Por su parte, la defensa del burgomaestre sostiene que las comercializadoras no controlan la distribución final. Los contratos obligan solo hasta la entrega en terminales. Todas las operaciones, agregó, usan transferencias bancarias y facturas registradas en el SRI.
Además, señala que informes de la UAFE no detectaron irregularidades. Alvarez contrastó su caso con el de la distribuidora Petronoboa. Esta entidad anuló 6.000 facturas en un solo día tras supuestas ventas ilícitas.
Defensa técnica y pruebas en el proceso
Alvarez desafió a sus acusadores directamente. “Enséñenme un tanquero retenido o un galón desviado, aunque sea en una botellita”, retó. Sostuvo que todo resulta subjetivo y armado. En consecuencia, reveló que siete peritajes absolvieron cualquier desvío. “No hay pruebas, no hay motivo para la denuncia”, afirmó. Su defensa presentará testigos, contrainterrogatorios y nuevas pruebas.
Por otro lado, el alcalde anunció acciones internacionales. Ya interpuso una denuncia ante la CIDH por presuntas nulidades y atropellos. “Este caso va a traer cola y tendrá repercusión internacional”, advirtió.
Finalmente, Alvarez cuestionó al Gobierno nacional por priorizar persecuciones. Criticó la falta de obras, avances en salud y seguridad. “Cero obras en el país, un gobierno que no supera el 25% de valoración”, concluyó.
Según se conoció en este caso, el Tribunal aplicó el principio de celeridad para adelantar la audiencia al 24 de diciembre a las 14:30. Alvarez ironizó sobre la fecha: “Voy a comer pavo con el juez”. La oposición ve en esto un intento de neutralizar líderes populares antes de elecciones.
