El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, lanzó duras críticas contra la propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Él advierte que esta iniciativa, impulsada por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, reduce en 80 millones de dólares las asignaciones presupuestarias para el Municipio porteño.
Alvarez enfatiza que la medida generaliza a todos los municipios sin considerar las diferencias financieras. Por consiguiente, exige que Guayaquil evite esta categorización injusta. Además, Alvarez recuerda el estado financiero al asumir la alcaldía en 2023. En ese momento, el presupuesto destinaba el 70% a inversión y el 30% a gasto corriente. Sin embargo, su administración optimizó estos recursos.
Ahora, en el presupuesto 2026, el 85% va a inversión y solo el 15% a gasto corriente. Por otro lado, Alvarez cuestiona el argumento del Gobierno. Este afirma que el 90% de los municipios usan la mayoría de sus fondos en gastos corrientes. No obstante, él argumenta que Guayaquil difiere de esa realidad.
Por lo tanto, retirar recursos impacta obras y servicios esenciales. Alvarez declara: "USD 80 millones menos para obras y servicios para ayudar a la gente".Asimismo, el alcalde exhorta a los medios a investigar administraciones pasadas. Menciona que en octubre de 2022, una sesión municipal gastó 600.000 dólares. En contraste, ahora no supera los 100.000 dólares.
Críticas al Gobierno Central
Alvarez dirige sus palabras directamente a Herrería. Con respeto, pide: "No nos meta en el mismo saco". Además, acusa al Gobierno de pisotear el desarrollo de Guayaquil. Por consiguiente, denuncia bloqueos del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Estos suspenden procesos de comunicación municipal desde hace seis meses.
El alcalde Aquiles Alvarez explica que la medida impide informar sobre programas clave. Por ejemplo, becas de la EP DASE y guarderías gratuitas quedan sin difusión. No obstante, él asegura que la Alcaldía fortalece su estrategia comunicacional. Reduce intermediarios y opta por contrataciones directas.
De hecho, esto genera ahorros de más de 2 millones de dólares anuales. Sin embargo, Alvarez lamenta que el Gobierno ignore estos avances. Por lo tanto, bloquea procesos no para propaganda, sino para informar obras. Además, en su enlace radial del 5 de febrero de 2026, reitera estas denuncias.
Él califica la reforma de absurda. Argumenta que los GADs son los únicos que ejecutan obras en el país. Mientras tanto, el Gobierno central observa sin actuar.
Detalles de la propuesta de reforma
La propuesta llega el 28 de enero de 2026 a la Asamblea Nacional. Enrique Herrería la entrega como proyecto económico urgente. Este es el séptimo en ocho meses del gobierno de Daniel Noboa. Por consiguiente, busca reformar el COOTAD para regular el gasto de los GADs.
En particular, modifica el artículo 198 y agrega seis numerales. Crea la "regla de asignación mínima prioritaria". Esta obliga a destinar al menos el 70% del presupuesto a inversión pública. De lo contrario, aplica sanciones como reducciones presupuestarias.
Además, define la inversión pública en categorías específicas. Incluye obras, infraestructura y servicios visibles. No obstante, excluye pagos financieros como deudas. Por lo tanto, la regla se aplica en todas las fases presupuestarias.
Herrería defiende la iniciativa. Afirma que no afecta la autonomía de los GADs. Sin embargo, busca eficiencia. Argumenta que muchos municipios gastan en roles de pago sin prestar servicios. Por consiguiente, prioriza la inversión en necesidades básicas como agua y salud.
Impacto en Guayaquil y antecedentes
Alvarez alerta que Guayaquil pierde 80 millones en 2026. Esto frena proyectos sociales y de infraestructura. Por ejemplo, las atenciones diarias en salud bordean las 4.000, aunque no es competencia municipal. No obstante, el Municipio las asume por necesidad.
En antecedentes, el presupuesto 2026 de Guayaquil suma 900 millones de dólares. Aprobado en noviembre de 2025, destina el 85% a obras. Acción que la administración municipal califica como histórica. Sin embargo, la reforma ignora esta eficiencia.
Además, Alvarez denuncia el centralismo. Ironiza: "Tocará que Guayaquil vuelva a ser república". Por lo tanto, acusa al Gobierno de obstaculizar. Menciona demoras en proyectos como el paso a desnivel de la avenida del Bombero.
Respuestas y Sanciones Propuestas
La reforma establece una implementación gradual. Para GADs generales, llega al 70% en 2029. Para parroquias rurales, en 2030. Por consiguiente, la Contraloría impone glosas o sanciones penales por incumplimiento.
Herrería enfatiza sostenibilidad fiscal. Sin embargo, críticos como Alvarez ven un atentado a la autonomía. Además, la prefecta Marcela Aguiñaga pide ser escuchada en el debate. Por lo tanto, genera controversia nacional.
En Guayaquil, Alvarez pública en X su rechazo. El 5 de febrero de 2026, reitera: "El impacto sería brutal". No obstante, resalta avances como el presupuesto participativo con 8.850 obras priorizadas.
Además, el Municipio invierte en lo social. Por ejemplo, la DASE EP recibe 30 millones en 2026, un 35% más. Por consiguiente, Álvarez defiende su gestión contra recortes injustos.
Contexto nacional y económico
El Gobierno justifica la reforma por ineficiencias. En 2024, el gasto en obras básicas fue menos del 39% en GADs. Por lo tanto, busca priorizar la inversión. Sin embargo, omite participación ciudadana en asambleas locales.
Por su parte, Alvarez contrasta con administraciones anteriores. Denuncia despilfarros pasados. Además, resalta los ahorros en comunicación. No obstante, el Gobierno gasta 40 millones en promoción política, según él.
La Asamblea tiene 30 días para tratar el proyecto urgente. Si no, entra en vigencia por el ministerio de la ley. No obstante, Alvarez insta a investigar. Por lo tanto, medios verifican impactos.
