La Fiscalía General del Estado pidió, el sábado 21 de junio de 2025, prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a 16 personas naturales y seis empresas, acusados de integrar una red de comercialización ilegal de combustibles en el caso conocido como “Triple A”. La solicitud se presentó en Quito, durante la audiencia preparatoria de juicio, por un presunto perjuicio económico al Estado de 61.502.658,39 dólares debido a irregularidades en la distribución de 22. 777.191,80 galones de diésel y gasolina.

Investigación destapa irregularidades en combustibles

La Fiscalía, a través de su Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó más de 250 elementos de convicción durante el quinto día de audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito. Entre las pruebas destacan contratos, informes periciales, registros financieros y documentos oficiales que evidencian discrepancias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.

Según la investigación, las estaciones de servicio implicadas carecían de capacidad física para almacenar los volúmenes de combustible adquiridos, lo que sugiere desvíos a mercados no autorizados. Por ejemplo, una estación adquirió más de 7 millones de galones, pero su capacidad de almacenamiento era de apenas 10.000 galones, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Además, se detectaron transacciones no autorizadas, como la venta de combustible subsidiado del segmento automotriz a sectores industrial y naviero, en violación de la normativa vigente. Estas irregularidades se reportaron especialmente en estaciones ubicadas en zonas fronterizas y áreas con minería ilegal.

Acusaciones contra Aquiles Álvarez y avances en el caso 

La fiscalía sostiene que los representantes legales de las empresas, incluido Aquiles Álvarez, habrían incumplido con su obligación de supervisar el destino del combustible. La investigación señala que empresas como Copedesa S.A., vinculada a Álvarez, y otras como Fuelcorp S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A., Indudiesel S.A. y Harsajudi S.A., formaron parte de esta red.

El fiscal Leonardo Alarcón acusó a 10 personas naturales y seis empresas como autores directos, mientras que otras seis personas fueron señaladas como coautoras. La audiencia, presidida por el juez Renán Andrade, continuará el 22 de junio de 2025 para la presentación formal de pruebas.

Álvarez, presente en la audiencia, negó las acusaciones, afirmando que las pruebas de la Fiscalía son contradictorias y su vinculación carece de fundamento. Su defensa, liderada por el abogado Ramiro García, solicita revisar las medidas cautelares, incluyendo el uso de un grillete electrónico, que Álvarez rechaza por problemas de salud.

Contexto del caso Triple A

El caso “Triple A” inició en julio de 2024 tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La investigación reveló un esquema de distribución irregular de combustibles subsidiados, principalmente diésel, que habría beneficiado a sectores no autorizados, causando un perjuicio económico significativo al Estado.

En diciembre de 2024, la Fiscalía procesó a cinco personas y cinco empresas, y en abril de 2025 vinculó a Álvarez y otros diez individuos. Los allanamientos realizados en estaciones de servicio en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe reforzaron las sospechas de desvíos hacia mercados ilegales, incluyendo minería y comercio transfronterizo.

El proceso, que sanciona el almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos según el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), podría derivar en penas de hasta cinco años de prisión. La decisión del juez determinará si los acusados enfrentan juicio.