La Fiscalía General del Estado solicitó este sábado 21 de junio que el alcalde de Guayaquil, Aquiles A., junto a 15 personas naturales y seis empresas, sea llamado a juicio por su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de combustibles subsidiados, en el marco del caso Triple A. El pedido se presentó durante el quinto día de la audiencia preparatoria de juicio, tras la exposición de más de 250 elementos de convicción que señalan irregularidades en el manejo de diésel y gasolina, con un perjuicio económico al Estado de más de 61 millones de dólares.
La fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción fundamentó la solicitud con contratos, informes periciales, registros financieros y documentos oficiales. Estos evidencian inconsistencias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por estaciones de servicio y distribuidoras involucradas. La audiencia continuará este domingo 22 de junio a las 09:00, cuando se presentará el anuncio formal de las pruebas contra los procesados.
Irregularidades en la cadena de combustibles
La investigación del caso Triple A reveló que varias estaciones de servicio no contaban con la capacidad física para almacenar los volúmenes de combustible adquiridos, lo que generó sospechas de desvíos y comercialización ilegal. Además, se detectaron transacciones no autorizadas, como la venta de combustible subsidiado destinado al sector automotriz hacia mercados industriales y navieros, en violación de la normativa vigente.
Asimismo, se identificaron irregularidades en estaciones ubicadas en zonas fronterizas y áreas con minería ilegal. En estos lugares, se reportaron cargas inusuales de diésel y gasolina a vehículos sin capacidad operativa compatible con los volúmenes registrados, según los informes técnicos presentados por la Fiscalía.
Perjuicio económico millonario
Los elementos de convicción señalan que el perjuicio económico al Estado asciende a 61’502.658,39 dólares, derivado de la comercialización irregular de 22’777.191,80 galones de diésel y gasolina. La Fiscalía determinó que los representantes legales de las empresas involucradas, incluido Aquiles A., tenían la responsabilidad de garantizar que el combustible subsidiado no fuera desviado a mercados no autorizados.
Los documentos presentados incluyen análisis financieros que detallan las transacciones sospechosas y peritajes que confirman las inconsistencias en los volúmenes reportados. Estos hallazgos refuerzan la acusación contra los procesados, quienes habrían actuado de manera coordinada para beneficiar a terceros mediante la venta ilegal de combustibles.
Contexto del Caso Triple A
El caso Triple A, es una de las investigaciones más relevantes sobre corrupción en el sector de hidrocarburos en Ecuador. La red de irregularidades habría operado durante varios años, aprovechando la falta de controles estrictos en la distribución de combustibles subsidiados. Este tipo de delitos afecta directamente a la economía nacional. La situación se da debido a que los subsidios están diseñados para beneficiar a sectores específicos, como el transporte público y la agricultura.
La Fiscalía ha enfatizado que el caso busca establecer responsabilidades claras y recuperar los recursos perdidos. Las autoridades han señalado que las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles involucrados en la red de comercialización ilegal.
Procesos para juicio
La audiencia preparatoria de juicio, que se reanudará este domingo 22 de junio, será clave para determinar si los 22 procesados, incluyendo al alcalde Aquiles A., enfrentarán un juicio formal. La Fiscalía presentará el anuncio de su prueba, mientras los abogados defensores tendrán la oportunidad de rebatir los argumentos presentados.
El caso Triple A ha generado gran expectativa en la ciudadanía. Las autoridades han reiterado su compromiso de actuar con transparencia, aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre el proceso en curso.
