El juez Jorge Chávez Tamariz dictó prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente de Perú, Martín Vizcarra (2018-2020), para garantizar su presencia en el juicio por el delito de cohecho pasivo propio, relacionado con presuntos sobornos de $611,000 recibidos cuando era gobernador de Moquegua (2011-2014). La medida, tomada tras una audiencia pública, responde al riesgo de fuga y peligro procesal señalado por el fiscal Germán Juárez, quien acusa a Vizcarra de recibir pagos ilícitos por las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.
El magistrado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional consideró que existen “fundados elementos de convicción” sobre la comisión del delito. Basándose en la gravedad de la sospecha y el riesgo de que Martín Vizcarra eluda la justicia. El exmandatario fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial, a la espera de su ingreso al penal de Barbadillo. Allí también están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo, por lavado de activos, y Pedro Castillo, por un intento de golpe de Estado.
El detalle de los pagos
El fiscal Juárez detalló que Martín Vizcarra habría solicitado sobornos por 2.3 millones de soles ($611,000) de empresas adjudicatarias de las obras mencionadas. Para Lomas de Ilo, se consignaron pagos de 400,000 soles ($106,000) y 600,000 soles ($159,000) en 2013, registrados como préstamos por la empresa Obrainsa. En el caso del Hospital de Moquegua, Vizcarra habría condicionado la adjudicación a un pago de 1.8 millones de soles ($510,000). Con una entrega final en 2016, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones. Exejecutivos de Obrainsa, bajo un proceso de colaboración eficaz, corroboraron los pagos y recibieron sentencias por estos hechos.
El juez argumentó que Martín Vizcarra carece de arraigo laboral y familiar, ya que su esposa, Maribel Díaz, y su hijo menor residen en otra ciudad, y uno de sus contratos laborales, con una empresa dirigida por su esposa, fue calificado como “cuestionable”. Además, Juárez desestimó el arraigo laboral basado en la actividad política de Vizcarra con el partido Perú Primero, fundado para su candidatura presidencial en 2026, señalando que no existe contrato de asesoramiento y que el exmandatario enfrenta tres inhabilitaciones del Congreso para ejercer cargos públicos.
Martín Vizcarra, antes de la resolución, expresó confianza en el Poder Judicial, aunque calificó su situación como un “vía crucis” injusto. Su abogado, Erwin Siccha, apeló la prisión preventiva, argumentando que Vizcarra no estuvo en Lima en la fecha señalada por la Fiscalía para un supuesto encuentro con representantes de ICCGSA en 2016. Siccha también defendió la legitimidad de los contratos laborales presentados.
Una condena de 15 años
La Fiscalía solicita una condena de 15 años de cárcel para Martín Vizcarra. Aunque el juez aclaró que la prisión preventiva es una medida de coerción para asegurar el proceso, no una determinación de culpabilidad. El caso, que involucra acusaciones de corrupción en la adjudicación de obras públicas, se suma a los escándalos que han marcado a varios expresidentes peruanos en los últimos años. El penal de Barbadillo, donde Vizcarra podría ser internado, es conocido por albergar a exmandatarios procesados o condenados.
La resolución del juez Chávez Tamariz marca un nuevo capítulo en las investigaciones de corrupción en Perú. Un país donde, según la Contraloría General, el 15% de los contratos públicos entre 2010 y 2020 presentaron irregularidades, con pérdidas estimadas en $2,000 millones. El proceso contra Martín Vizcarra continuará bajo la lupa de la opinión pública y las autoridades judiciales. Mientras su defensa prepara la apelación para revertir la prisión preventiva.
