El 24 de marzo de 2025, varios padres de familia denunciaron a Steeven P., profesor de educación física en una unidad educativa de Sangolquí, y la policía lo detuvo en flagrancia. Una jueza de la Unidad Judicial del cantón Rumiñahui lo llamó a juicio por el presunto delito de abuso sexual. Sin embargo, la magistrada revocó la prisión preventiva y ordenó el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica, presentación periódica y prohibición de salida del país, a pesar de la solicitud de la Fiscalía de ratificar la prisión preventiva.
Acusado de abuso sexual
La Fiscalía solicitó, en su dictamen acusatorio, la ratificación de la prisión preventiva contra Steeven P. No obstante, la jueza que conoce la causa optó por revocar la medida cautelar. Esta decisión implica que el procesado se defenderá en libertad durante las siguientes etapas del proceso judicial. Las medidas impuestas buscan asegurar la presencia del acusado en futuras audiencias y evitar su fuga. La orden de la jueza fue comunicada oficialmente.
Testimonios y víctimas identificadas
Los hechos habrían ocurrido durante las clases matutinas. Los testimonios de varios menores, de entre 5 y 6 años, son cruciales en la investigación. Estos revelan que el docente, presuntamente, los tocaba de manera indebida. Además, los amenazaba con impedirles jugar fútbol si contaban lo sucedido a sus padres. Se ha denunciado que una niña de apenas 2 años y 8 meses también sería víctima. Hasta la fecha, las autoridades han identificado a más de 20 posibles víctimas en este caso. La recolección de pruebas y testimonios continúa.
Acciones del Ministerio de Educación
Paralelamente al proceso judicial, el Ministerio de Educación ha iniciado un proceso administrativo. Este se encuentra actualmente en etapa de investigación. Se espera que los resultados de esta indagación interna sean públicos en junio. El Ministerio de Educación busca determinar las responsabilidades dentro de su jurisdicción. Esto incluye evaluar si se siguieron los protocolos adecuados. El objetivo es salvaguardar la integridad de los estudiantes.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad. Las decisiones judiciales son monitoreadas de cerca por los familiares de las presuntas víctimas. La sociedad espera una resolución transparente y justa. El proceso judicial seguirá su curso.
