El príncipe Enrique acudió este martes de nuevo a los tribunales de Reino Unido para tratar de revertir la política adoptada por el Gobierno sobre su custodia policial, por entender que recibe un trato «injustificado e inferior» al que teóricamente le corresponde como miembro de la familia real.
La polémica se remonta a febrero 2020, cuando la comisión que supervisa la vigilancia de personalidades públicas en Reino Unido (Ravec, por sus siglas en inglés) rebajó el estatus del hijo menor de Carlos III después de que renunció a sus principales deberes como miembro de alto rango de la Casa Real. La vigilancia no sería siempre la misma y dependería de una revisión caso por caso.
Un tribunal ya se había pronunciado a favor del Ministerio del Interior por entender que se trataba de una decisión tanto legal como razonada, pero una corte de apelaciones estudia ahora de nuevo el caso.
El príncipe Enrique guarda silencio
El príncipe evitó realizar declaraciones a su llegada, mientras que dentro de la sala su abogada, Shaheed Fatima, alegó que el Gobierno no siguió los protocolos.
La abogada puso en cuestión que hubiese reuniones o notas oficiales relativas a la seguridad del duque de Sussex, al tiempo que acusó al juez que presidió el primer juicio de no examinar correctamente todas las pruebas presentadas, informa la BBC.
El príncipe Enrique sigue ocupando el quinto lugar en la línea de sucesión al trono británico, pero permanece alejado de la Casa Real y, de hecho, vive en Estados Unidos junto a su familia.
Se alejó para dedicarse a su familia
El 8 de enero de 2020, Enrique y su esposa Meghan Markle emitieron un comunicado oficial indicando su decisión de retirarse de sus roles como miembros senior de la realeza.
La pareja expresó su intención de dividirse entre Reino Unido y América del Norte, específicamente en Canadá y luego en Estados Unidos. Finalmente se establecieron en California.
El 19 de febrero de 2021, el Palacio de Buckingham confirmó que Enrique y Meghan no regresarían como miembros activos de la monarquía.
Esto implicó la pérdida de sus títulos honoríficos y patronatos reales, que fueron devueltos a la reina Isabel II. La decisión marcó el fin de sus deberes oficiales dentro de la familia real.
