El Gobierno de Ecuador ha indicado que no revertirá la decisión de eliminar el subsidio al diésel, medida que elevó el precio de 1,79 a 2,80 dólares por galón. La decisión ha generado rechazo entre la Federación Nacional de Transporte Pesado (FENACOTRAPE), cuyo presidente, Ángel Macías, calificó el impacto como “preocupante y difícil de sostener”. Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que aplicará compensaciones focalizadas, aunque únicamente para sectores regulados, lo que excluye al transporte de carga.

Efectos causados por la eliminación del subsidio

El ajuste en el precio del combustible encareció de manera inmediata los costos operativos, según indicó Ángel Macías. Un viaje de Manta a Quito, que antes requería unos 265 dólares en diésel, ahora demanda alrededor de 420 dólares. Según cálculos de FENACOTRAPE, un transportista que realiza tres viajes semanales por esa ruta necesitaría 1.280 dólares en combustible, cifra que mensualizada se traduce en 5.000 dólares adicionales que no estaban previstos en su presupuesto.

Ante esta situación, entre 800 y 1.000 vehículos afiliados al gremio permanecen paralizados, lo que refleja la falta de liquidez de los transportistas para abastecer sus unidades, indicó Ángel Macías. El golpe económico se suma a deudas acumuladas por compra de neumáticos y abastecimiento previo de combustible.

Compensaciones que no llegan a los pesados

El Gobierno anunció que otorgará compensaciones económicas solo a los transportes regulados, como buses interprovinciales e intercantonales, que recibirán entre 400 y 1.000 dólares mensuales. Sin embargo, el transporte de carga pesada no será parte de este beneficio al regirse por la libre oferta y demanda.

Esto obliga a que los transportistas negocien directamente con la empresa privada y los comerciantes para reajustar las tarifas de flete. El gremio reconoce que el costo se trasladará inevitablemente al consumidor, lo que podría derivar en un incremento de precios en la canasta básica.

Repercusiones en productos de primera necesidad

Los dirigentes de FENACOTRAPE advierten que el incremento de fletes tendrá repercusiones en productos de primera necesidad como vegetales y granos. Aunque algunos cálculos técnicos señalan que el aumento por libra sería mínimo, cercano a 0,003 dólares en rutas largas, los transportistas temen que en el mercado ese ajuste se traduzca en redondeos que eleven de 3 a 10 centavos el precio final para el consumidor.

“La transportación es la columna vertebral del país. Movemos alimentos, medicinas e insumos. Si no hay un plan integral, este impacto se trasladará a toda la ciudadanía”, explicó Macías.

El testimonio de transportistas refleja el efecto directo del alza. Lilibet Rosado, dueña de un camión dedicado a la transportación de chatarra, señaló que antes invertía 108 dólares por 60 galones de diésel, mientras que ahora necesita 168 dólares para llenar el tanque. “Estamos paralizados hasta que las empresas ajusten las tarifas. Caso contrario, trabajamos a pérdida”, indicó.

Rosado explicó que sus gastos semanales en combustible pasaron de 360 a 500 dólares, a lo que se suman costos de mantenimiento. Solo en aceite y filtros debe destinar unos 250 dólares cada 20 días, mientras que el precio de una llanta alcanza los 450 dólares y debe renovarse con mayor frecuencia por el desgaste de las vías.

Propuestas y diálogo de la FENACOTRAPE

Ante la imposibilidad de recibir compensaciones, FENACOTRAPE ha planteado al Gobierno una serie de alternativas para aliviar los costos logísticos. Entre ellas, destacan la reducción o eliminación de aranceles sobre llantas, repuestos y vehículos de carga, lo que permitiría abaratar los insumos esenciales. También se ha solicitado la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los transportistas, lo que reduciría la presión financiera sobre el gremio.

Otra de las propuestas es el acceso a créditos productivos con tasas preferenciales, ya que actualmente los intereses para compra de vehículos alcanzan el 13% y los de consumo llegan al 16%, cifras consideradas altas para una economía dolarizada. Aunque el Gobierno ha planteado una reducción al 9%, los transportistas insisten en que se requiere un esquema más accesible.

El gremio enfatiza que el retiro del subsidio es ya un hecho consumado, pero advierte que las decisiones no deben tomarse de forma sorpresiva. “No se puede dar un golpe de la noche a la mañana sin prever alternativas. Queremos diálogo y soluciones conjuntas”, reiteró Macías.

El Gobierno no retrocederá en la medida

El Ejecutivo defendió la eliminación del subsidio al diésel como una medida para sanear las cuentas fiscales y focalizar los recursos públicos. En un comunicado, el Ministerio de Transporte aseguró que se mantienen mesas de trabajo con los gremios, aunque las compensaciones focalizadas estarán limitadas a los sectores regulados.

El Gobierno afirmó que evalúa mecanismos indirectos de alivio para el transporte de carga, como la reducción de aranceles y líneas de crédito, pero insistió en que no habrá retroceso en la medida.