El gremio del transporte público en Pichincha confirmó que suspenderá sus operaciones desde las 00:00 del lunes 15 de septiembre. Esta acción es en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que incrementó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón.

Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, explicó que la medida será indefinida. La suspensión continuará hasta que el Gobierno Nacional instale una mesa de diálogo formal que analice el impacto económico de la decisión.

Reclamo por el alza del combustible

Brunis señaló que la decisión de suspender el servicio busca llamar la atención de las autoridades. Consideran que esto representa un golpe directo a la economía de los transportistas. “La decisión que se tomó es suspender el servicio desde las cero horas del día lunes. Continuaremos así hasta que la autoridad nos llame a una mesa de trabajo, una mesa técnica. Queremos conocer cómo fue el proceso para llegar a este incremento del diésel”, indicó.

El dirigente añadió que intentaron comunicarse con el ministro de Transporte, Roberto Luque, para notificar sobre la paralización, pero no recibieron respuesta.

Gremios que se suman al paro

El anuncio de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha fue respaldado por otros sectores vinculados a la movilidad. Álex Morales, presidente de la Unión de Taxis Ejecutivos, confirmó que este gremio también se unirá a la medida.

Asimismo, transportistas escolares y turísticos manifestaron su adhesión al paro, argumentando que el incremento del combustible afecta de manera transversal a todo el sistema de movilidad, desde el transporte urbano hasta el de carga pesada.

Exigen diálogo inmediato

Los transportistas reclaman la instalación de una mesa técnica para conocer en detalle cómo se tomó la decisión de eliminar el subsidio. A criterio de Brunis, la medida del Gobierno impacta no solo a los conductores, sino también a los usuarios que se verán obligados a enfrentar un aumento en el costo de los pasajes y servicios.

“El transporte público, el escolar, turístico y de carga pesada están siendo golpeados directamente por esta decisión”, puntualizó.

Posibles sanciones por el paro indefinido

El paro indefinido plantea un escenario de tensiones con el Ejecutivo, ya que el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la persona que impida, entorpezca o paralice la prestación de un servicio público puede enfrentar sanciones de uno a tres años de prisión.

Estas penas podrían aplicarse a los representantes de las cooperativas que decidan detener sus unidades en contra de lo dispuesto por la ley.