El Gobierno Nacional declaró alerta amarilla y alerta naranja en las 23 provincias del Ecuador continental ante el incremento estacional de las lluvias y el riesgo de eventos hidrometeorológicos. La medida busca fortalecer la vigilancia la preparación y la capacidad de respuesta de las instituciones frente a posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.
La decisión se formalizó mediante la Resolución Nro. SNGR-022-2026 emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El documento se sustenta en un informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos que advierte escenarios de afectación asociados al aumento de precipitaciones.
Según la resolución el estado de alerta naranja rige en Zamora Chinchipe, Guayas, Azuay, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Orellana, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas y El Oro. En estas provincias las autoridades deben intensificar el monitoreo y planificar acciones de preparación para una respuesta inmediata.
Provincias bajo alerta por incremento de lluvias
La alerta amarilla se aplica en Manabí, Los Ríos, Loja, Imbabura, Morona Santiago, Tungurahua, Carchi, Cañar, Pastaza, Sucumbíos y Santa Elena. En estos territorios se dispuso mantener vigilancia permanente y adoptar medidas preventivas ante la probabilidad de afectaciones.
La Secretaría de Gestión de Riesgos exhortó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y cantonales a activar y mantener operativos sus planes de respuesta. También pidió reforzar la coordinación interinstitucional para proteger a la población la infraestructura y los medios de vida en zonas priorizadas.
El documento ordena a las autoridades locales ejecutar planes de contingencia con énfasis en la evacuación preventiva de familias que habitan en áreas con riesgo de inundaciones y deslizamientos. La disposición responde a reportes de viviendas destruidas y afectadas durante la actual temporada lluviosa.
Medidas de respuesta y coordinación institucional
La resolución instruye la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales y provinciales en las zonas declaradas en alerta. Estos organismos deberán mantenerse en sesión permanente para coordinar acciones y movilizar recursos esenciales en caso de emergencias.
También se dispuso que las instituciones del Ejecutivo central actualicen e implementen planes para reducir brechas frente a los efectos de las lluvias. Las entidades públicas activadas podrán realizar modificaciones presupuestarias para financiar la respuesta conforme a la normativa vigente.
La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos deberá dar seguimiento continuo a la información emitida por institutos técnicos como el INAMHI. El monitoreo se enfocará en el comportamiento de los ríos especialmente en cuencas con tendencia a crecidas rápidas en provincias como Manabí, Cañar, Pichincha y Morona Santiago.
Monitoreo de ríos y vigencia de la resolución
La Secretaría de Gestión de Riesgos coordinará las acciones a través de sus zonales y mantendrá articulación con el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) para el posible despliegue de maquinaria en puntos críticos de la red vial estatal y secundaria.
La resolución establece que la Subsecretaría General de Gestión de Riesgos supervisará el cumplimiento de las disposiciones emitidas. El instrumento legal entrará en vigencia desde su suscripción y se publicará en el Registro Oficial y en la página institucional de la Secretaría.
