El abogado y especialista jurídico Juan José Robles compareció ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para expresar su respaldo técnico a los proyectos unificados de reforma a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Durante su intervención de este martes 26 de mayo de 2026, el jurista calificó a estas propuestas como herramientas indispensables para consolidar una protección reforzada en favor de los adultos mayores, alineándose con las garantías de igualdad material consagradas en la Constitución.
Robles destacó que el núcleo de la reforma legal representa un avance significativo al establecer el acceso automático y de oficio a exoneraciones, descuentos y beneficios tributarios. De acuerdo con el experto, la modificación normativa suprime de forma definitiva las barreras administrativas e institucionales que obligaban a los ciudadanos de la tercera edad a realizar trámites presenciales complejos. La propuesta legislativa busca optimizar la relación entre los usuarios vulnerables y la administración pública a través de la simplificación de procesos regulatorios.
Interoperabilidad de datos para eliminar la carga burocrática
El especialista explicó que la viabilidad del proyecto se sustenta en la interoperabilidad de datos y el uso de plataformas tecnológicas compartidas. Este mecanismo digital permitirá que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), las instituciones del sector público y las entidades del sistema financiero privado apliquen los descuentos de ley de manera inmediata, eliminando la exigencia de presentar copias de documentos físicos a los adultos mayores. "La reforma traslada la carga administrativa desde el ciudadano vulnerable hacia el Estado", enfatizó el jurista durante la sesión ordinaria de la mesa parlamentaria.
En el ámbito de la fiscalización y la gestión pública, la aplicación de este cruce de información en tiempo real busca prevenir la discrecionalidad en la entrega de derechos económicos regulados. Robles señaló que la automatización técnica es viable bajo los parámetros actuales de modernización estatal, garantizando que el principio de acción afirmativa se traduzca en una agilidad palpable para los beneficiarios, protegiendo al mismo tiempo su autonomía financiera en los entornos urbanos y rurales del territorio nacional.
Nuevos tipos penales para combatir la violencia patrimonial y el abandono
En materia penal, el jurista consideró urgente la incorporación de figuras delictivas específicas dentro del COIP para sancionar de forma directa la violencia patrimonial, económica y el abandono de adultos mayores. Robles argumentó que la legislación actual procesa estas conductas bajo tipos penales de carácter general, lo que dificulta la aplicación de justicia. Asimismo, defendió la necesidad de establecer agravantes punitivas severas cuando los actos de abuso o despojo sean ejecutados por familiares directos, cuidadores designados o personas del entorno de confianza de la víctima.
Pese a su respaldo a las sanciones, el experto recomendó a los legisladores analizar el incremento de las penas bajo una perspectiva sistémica que respete el principio de proporcionalidad penal. Robles advirtió que se deben evitar desequilibrios normativos entre los delitos que afectan la integridad personal y aquellos que atentan contra la propiedad, con el fin de prevenir contradicciones jurídicas en los tribunales. El informe técnico remitido por el especialista concluye que el paquete de reformas es constitucionalmente viable y dota al Estado de mecanismos eficaces para salvaguardar la dignidad y seguridad jurídica de los adultos mayores.
