Este lunes 4 de mayo, en el ingreso a clases, más de 1,8 millones de estudiantes de planteles fiscales del régimen Costa-Galápagos inician el año lectivo 2026-2027. El retorno a las aulas está marcado por la implementación de ajustes en las normativas de disciplina y un despliegue operativo de seguridad para garantizar el orden en las instituciones educativas.
El ciclo escolar comienza de manera progresiva. La jornada de hoy está dedicada a los niveles de Bachillerato e Inicial; el 5 de mayo se incorporarán los alumnos de Educación General Básica Superior y Preparatoria, mientras que el 6 de mayo concluirá el proceso con Media y Elemental. Es decir, el miércoles todos los alumnos habrán ingresado.
Año lectivo en la región Costa y en Galápagos
Gilda Alcívar, ministra de Educación, encabezó la inauguración oficial del año lectivo en la unidad educativa Rita Lecumberri, en Guayaquil, como parte de una agenda que incluye la supervisión de diversos espacios académicos tras las inversiones en infraestructura.
El Gobierno Nacional reportó una inversión significativa para este periodo. El viceministro de Gestión Educativa, Juan Carlos Rodríguez, detalló que se han destinado 143 millones de dólares en programas de apoyo directo, que incluyen: Textos escolares: Entrega gratuita a más de 1,6 millones de beneficiarios, también la dotación de uniformes para 613.000 estudiantes.
La alimentación y el transporte también tienen un presupuesto significativo con una cobertura para 1,45 millones de alumnos y transporte rural para cerca de 10 mil jóvenes. En cuanto a infraestructura, se han ejecutado más de 50 millones de dólares en repotenciación de edificios y un millón de dólares adicionales para mitigar riesgos derivados de la época lluviosa en 268 instituciones.
Medidas a cumplir de manera obligatoria
Para proteger a la comunidad educativa, el Ministerio del Interior desplegó 12.719 servidores policiales en los exteriores de los planteles. Paralelamente, el Ministerio de Educación ratificó la restricción del uso de dispositivos móviles: prohibidos en Inicial y Básica, y de uso excepcional en Bachillerato solo con fines académicos.
El cambio más relevante radica en el nuevo acuerdo de medidas socioeducativas y disciplinarias. Este otorga a los rectores la facultad de actuar de forma inmediata ante faltas como el fraude académico, el consumo de sustancias, el vandalismo a bienes públicos y el irrespeto a los códigos de convivencia.
Bajo esta normativa, las autoridades institucionales resolverán directamente conflictos menores para agilizar la gestión escolar. No obstante, los casos graves de acoso escolar, violencia o situaciones que involucren al personal administrativo serán derivados con celeridad a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para asegurar una atención especializada y proteger la integridad de los menores.
