El Registro Civil del Ecuador informó que el trámite de 2016 para cambiar el año de nacimiento de Aquiles Alvarez, realizado en Guayaquil, no tiene respaldo verificable, tras revisar registros judiciales y administrativos.
La Dirección General del Registro Civil revisó las marginaciones incorporadas al acta de nacimiento del alcalde de Guayaquil. La entidad determinó que solo una de las dos anotaciones cuenta con respaldo jurídico comprobable. La institución explicó a El Universo que contrastó la información con el sistema judicial y detectó inconsistencias en el trámite de 2016.
Según el Registro Civil, la modificación registrada en 2016 para alterar el año de nacimiento no cuenta con documentación verificable. En cambio, la actuación de 2019 deriva de una sentencia constitucional válida y ejecutoriada, por lo que mantiene efectos legales vigentes en el sistema institucional.
En el acta original constaba como fecha de nacimiento el 12 de abril de 1985, con inscripción en el Registro Civil de Guayaquil. En 2016, Alvarez solicitó rectificar el dato para que conste 1984, con sustento en un certificado de nacido vivo emitido por la Clínica Kennedy.
Proceso de 2016 bajo revisión institucional
El cambio habría sido autorizado mediante una sentencia fechada el 26 de noviembre de 2016, correspondiente al proceso n.° 099141-2016-00198. Sin embargo, en febrero de 2026, el Registro Civil solicitó al Consejo de la Judicatura que certifique la existencia del expediente, debido a que no constaba en el sistema público Satje.
La respuesta oficial indicó que ese número de proceso no aparece en el sistema judicial. Además, la persona señalada como juez no ejercía funciones jurisdiccionales en la fecha atribuida al fallo, según la certificación remitida.
Inconsistencias en firmas y cargos
El documento atribuye la decisión a Peter Kuffo en calidad de juez. No obstante, consta un escrito del 5 de marzo de 2014 en el que Kuffo presentó su renuncia como juez temporal, dos años antes de la supuesta sentencia. También figura la firma de una secretaria que ya se encontraba jubilada en 2016.
Con estos elementos, el Registro Civil concluyó que no logró acreditar la existencia jurídica del proceso ni de la resolución que permitió la marginación de 2016. Por ello, esa anotación carece de respaldo verificable, según el informe institucional.
Resolución constitucional de 2019 y efectos legales
En 2019, Alvarez impulsó una acción de hábeas data en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil. La autoridad competente dispuso la corrección de datos de filiación y dejó sin efecto modificaciones previas del registro. El Registro Civil precisó que "esa resolución constituye el único título registral vigente" que sustenta la información actual del ciudadano.
Aunque la entidad reconoció irregularidades en la marginación de 2016, indicó que han transcurrido más de ocho años, por lo que las acciones administrativas o judiciales posibles se encuentran prescritas. La institución aclaró que la sentencia de 2019 prevalece y que los datos actuales mantienen presunción de veracidad y legitimidad conforme a la normativa.
