El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este 12 de septiembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 119, mediante el cual concedió el indulto a María Rebeca Morocho Sisalema, condenada por el delito de estafa desde junio de 2024 en la cárcel de Chimborazo.
Indulto presidencial en Ecuador: caso de María Rebeca Morocho
Morocho había recibido una condena de cinco años de cárcel, una multa equivalente a 12 salarios básicos y la obligación de pagar USD 3.000 de reparación a la víctima. El decreto presidencial señala que la mujer cumplió con la reparación económica y ofreció disculpas públicas.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) remitió a la Presidencia, en agosto de 2024, un informe favorable sobre la solicitud de indulto. Este documento destacó que la sentenciada mantuvo buena conducta en prisión y no cometió faltas disciplinarias durante su reclusión.
“El informe demuestra que la beneficiaria ha cumplido con sus obligaciones legales y morales”, señaló la Dirección de Representación Jurídica Presidencial en la motivación del decreto.
La facultad constitucional del indulto presidencial
En Ecuador, el indulto presidencial es una atribución prevista en el artículo 147, numeral 13, de la Constitución. Permite al Jefe de Estado extinguir o reducir una pena, sin que ello implique anular la culpabilidad.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 704, establece que el indulto puede concederse por varias razones. Entre ellas está razones humanitarias, de equidad o de interés público, siempre que no se trate de delitos excluidos como crímenes de lesa humanidad o narcotráfico.
Consecuencias jurídicas del indulto a Morocho
El decreto de Noboa produce la extinción de la pena privativa de libertad de Morocho. La mujer podrá abandonar la cárcel de Chimborazo en las próximas horas. No obstante, la medida no borra sus antecedentes penales, ni implica una declaración de inocencia.
El indulto tampoco elimina la obligación de indemnización civil, aunque en este caso, la condenada ya había cancelado los USD 3.000 ordenados por la justicia.
Además, el decreto aclara que la mujer deberá mantener una conducta ajustada a la ley.
