Marlon Vargas, presidente de la Conaie, denunció la existencia de una segunda víctima en las manifestaciones del paro nacional en Imbabura y señaló que su estado es crítico.
El dirigente responsabilizó directamente al Gobierno de Ecuador por la represión registrada en las protestas contra el Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel.
Paro nacional se extiende a más provincias
Vargas, junto a Ercilia Castañeda y Alberto Ainaguano, miembros de la Conaie, confirmó que el paro se mantiene y que nuevas provincias como Bolívar, Azuay, Chimborazo y Loja se suman.
El presidente del organismo explicó que comunidades y organizaciones permanecen en asambleas permanentes, además de organizar plantones en provincias como Morona Santiago.
Asimismo, el líder indígena acusó al Gobierno nacional de infiltrar las manifestaciones en las protestas para desprestigiar la imagen de la Conaie y justificar posteriores detenciones de dirigentes. Aseguró que resulta difícil detectar a los infiltrados porque se camuflan como civiles y utilizan vestimenta similar a los manifestantes en las calles.
Conaie rechaza acusaciones de secuestro a militares
Por otro lado, el presidente de la Conaie negó tener información sobre militares supuestamente secuestrados en Imbabura. Recalcó: “Nosotros no somos pueblos que secuestramos ni somos extorsionadores”. Advirtió que el Estado ecuatoriano utiliza esas acusaciones como pretexto para ingresar a territorios, disparar con alto calibre y atentar contra los derechos humanos.
En ese punto, Marlon Vargas manifestó que los organismos internacionales deben intervenir en Ecuador para frenar la violación al derecho a la protesta ciudadana.
Respecto a un posible diálogo con el Gobierno preguntó ¿cómo negociar después de muertes?, reafirmando que el paro continuará de forma indefinida en todo el país.
Además dejó claro que el planteamiento central de la Conaie es derogar el Decreto 126 y liberar de inmediato a los 12 de Otavalo detenidos.
Rechazo a la criminalización indígena
Por su parte, el presidente de la Ecuarunari, Alberto Ainaguano, rechazó la calificación de terroristas a los pueblos originarios y exigió una investigación de la Fiscalía.
Recordó que las movilizaciones llevan varios días y que la ciudadanía exige la presencia de medios de comunicación para visibilizar la represión en Imbabura.
Por otro lado, la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, denunció que Ecuador vive una dictadura. Sostuvo que este modelo busca posicionar el discurso de que los manifestantes son narcotraficantes y delincuentes.
Estrategia frente a la Fiscalía
Para finalizar, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, confirmó reuniones con la UNE, el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones. La finalidad es coordinar protestas en Quito y definir acciones.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, aseguró que más de 100 dirigentes enfrentan convocatorias de la Fiscalía por supuestos delitos de sabotaje y terrorismo. Advirtió que la militarización de territorios y la criminalización de la lucha evidencian que el Gobierno no quiere dialogar, lo que intensifica el conflicto social.
