La asambleísta Mónica Palacios (RC) fue suspendida por 90 días sin sueldo por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), luego de alterar la Comisión de Biodiversidad con gritos y carteles que vinculaban al presidente Daniel Noboa y a la Primera Dama Lavinia Valbonesi con supuestos casos de tráfico de influencias.

La asambleísta oficialista Nataly Morillo presentó la denuncia el 23 de septiembre de 2025 en Quito, argumentando que las acciones afectaron la imagen de la Asamblea.

Acusaciones y pruebas presentadas

Según Morillo, los hechos no fueron simples manifestaciones políticas, sino una conducta que “lesionó la honra” de las autoridades. Como respaldo, presentó certificaciones del SRI y MIES que descartan cualquier vínculo económico entre Noboa, Valbonesi y la minera Dundee Precious Metals. La denuncia enfatizó que los carteles y gritos interrumpieron la sesión y afectaron el trabajo parlamentario.

Palacios defendió su actuación alegando que ejercía su función de fiscalización, sin recurrir a expresiones ofensivas ni violentas. También denunció vulneración de derechos como legisladora y madre lactante, subrayando que sus acciones eran parte de su rol de control político.

Sanciones previas y contexto parlamentario

El 6 de mayo de 2024, las autoridades sancionaron a Palacios con una suspensión de 60 días sin sueldo por presunto acoso laboral en la Asamblea Nacional; esta nueva sanción se suma a la anterior. La asambleísta acumula ahora un historial de sanciones que genera debate sobre límites de conducta y fiscalización en el Legislativo.

Expertos en derecho parlamentario señalan que las sanciones sin remuneración buscan resguardar la disciplina interna y la imagen institucional. Además, subrayan que el CAL tiene la facultad de sancionar faltas graves cometidas por legisladores durante sesiones formales.

Reacciones y próximos pasos

Algunos miembros del bloque oficialista consideran la medida como un recordatorio de respeto al orden legislativo, mientras que sectores de la oposición critican lo que perciben como restricciones a la fiscalización política. La asambleísta Palacios puede presentar un recurso de apelación ante la misma autoridad, pero deberá cumplir la suspensión mientras se resuelve.

El caso refleja tensiones crecientes en la Asamblea Nacional, donde la interacción entre control político y disciplina parlamentaria genera disputas frecuentes. Observadores advierten que esta sanción podría afectar la percepción pública de la bancada Revolución Ciudadana y su participación en fiscalización de proyectos y organismos del Estado.