En Ecuador, la minería ilegal es una grave amenaza: contamina ríos y fuentes de agua mediante el uso de mercurio y otros químicos, altera ecosistemas, afecta la salud de las comunidades y se realiza sin cumplir normas ambientales ni sociales.
Esa es la premisa del Ministerio de Ambiente y Energía. Por eso, impulsa el Proyecto de Ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de Minería y Energía, calificado como económico urgente.
"La minería ilegal no cuenta con licencias, evade controles del Estado y genera flujos económicos manchados que luego derivan en otras formas de violencia y control territorial. Estas economías criminales han sembrado violencia, miedo y muerte", dice la manabita Emilia Limongi Izaguirre, Viceministra (e) de Minas, abogada y máster en Derecho Procesal.
"Hay lugares donde la mafia de la minería ilegal llegó incluso a asesinar a autoridades locales. Esto no puede repetirse nunca más. Por eso, este Gobierno ha asumido una posición clara: mano firme para recuperar el control del territorio y proteger a las comunidades.
Durante 2025 y en lo que va de 2026, el Estado ha ejecutado más de 420 operativos, identificando 446 puntos de minería ilegal en 16 provincias: se destruyeron e inhabilitaron cientos de maquinarias, dragas, bocaminas, clasificadoras, además de más de 320 bombas de agua y 500 generadores eléctricos.
Emilia Limongi Izaguirre, Viceministra (e) de Minas
Según Limongi, el Estado actúa de forma sostenida y articulada: el Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Defensa, la Agencia de Regulación y Control Minero —ARCOM— y las Fuerzas Armadas trabajan conjuntamente para enfrentar la minería ilegal en todo el país.
Desde el pasado 2 de febrero, rige una resolución del MAE que suspende toda actividad minera en Napo y restringue operaciones en las plantas de beneficio de El Oro y Loja.
"Junto a los alcaldes de de El Oro acordamos firmar un acta de compromiso para que la suspensión de plantas mineras se mantenga mientras se corrigen los incumplimientos ambientales. Se reiteró que proteger los ríos, la seguridad jurídica y respetar plenamente las licencias ambientales otorgadas conforme a la ley es una prioridad". Aquí sus respuestas a El Diario.
¿El proyecto de ley permite revisar o incluso retirar licencias ambientales ya otorgadas?
El proyecto garantiza la seguridad jurídica y el respeto a las licencias que cumplen con la normativa vigente. En ese marco, promueve certeza jurídica, orden institucional y condiciones de confianza para una inversión responsable.
Asimismo, el proyecto no contempla la creación de ninguna figura de retiro automático ni discrecional de licencias. Todas las licencias ya otorgadas conforme a la ley y que cumplen con sus obligaciones ambientales son plenamente respetadas.
¿Cómo entonces el Estado reforzará vigilancia?
Justamente, el alcance de la reforma planteada se orienta a fortalecer la capacidad del Estado para vigilar, auditar y corregir incumplimientos, sin afectar ni anular derechos adquiridos.
Quienes cumplen con la normativa cuentan con estabilidad jurídica, mientras que quienes contaminan o engañan al Estado quedan sujetos a las sanciones correspondientes.
Hay preocupación sobre el rol de las Fuerzas Armadas en zonas mineras. ¿Cuál es realmente su función dentro de esta reforma?
Las Fuerzas Armadas no protegen intereses empresariales, sino al Estado, al territorio y al cumplimiento de la ley. Las FFAA no cumplirán funciones de guardias privados de ningún actor. Su rol se orienta a combatir la minería ilegal, una actividad que contamina ríos y suelos, financia mafias, permite el lavado de dinero y mantiene vínculos con el crimen organizado y la violencia.
¿Cómo garantiza esta reforma que la minería legal se desarrolle en condiciones de seguridad y control del territorio?
La minería responsable, legal y regulada requiere un Estado fuerte que proteja las concesiones legales, garantice el orden y evite que grupos armados se apropien del territorio. La acción no constituye un beneficio para empresas privadas, sino una recuperación de la soberanía en zonas que han sido ocupadas por mafias
En lo que va de 2026, se han ejecutado 38 operativos en Azuay, Chimborazo, Guayas, Imbabura, Loja, Morona, Napo y Zamora Chinchipe, golpeando directamente la capacidad operativa y financiera de la minería ilegal.
Emilia Limongi Izaguirre, Viceministra (e) de Minas
Usted dice que esta ley abre una oportunidad para los mineros artesanales. ¿Cómo este proyecto mejora su economía y su futuro?
Es la oportunidad histórica para que los mineros artesanales transiten a pequeños mineros, incrementen su producción de manera legal, accedan a mejores condiciones técnicas, ambientales y de seguridad y generen mayores ingresos. Así se integren a una actividad productiva formal, sostenible y con futuro.
¿Cómo la reforma puede crear un puente para que los mineros artesanales transiten al régimen de pequeña minería legal?
A través del acceso a títulos habilitantes, a tecnología limpia y a crédito junto con asistencia técnica. En ese marco, el Estado podrá capacitar, controlar y financiar procesos productivos más seguros. Este enfoque permite reducir la contaminación, aumentar los ingresos, mejorar la salud de los trabajadores y fortalecer condiciones de mayor dignidad. La minería ilegal termina destruyendo al minero, mientras que la minería responsable le permite convertirse en empresario. La minería legal impulsa el desarrollo y, fundamentalmente, protege el medio ambiente.
