Ecuador ha vuelto a mirar al mercado de carbono, una vez que la Asamblea Nacional retomó el análisis de normas para regular la compra y venta de bonos ambientales. El debate ocurre mientras el Banco Mundial reporta que la fijación directa del precio del carbono ya cubre más del 29 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Los bonos de carbono permiten financiar proyectos que reducen o capturan emisiones. Para Ecuador, el desafío está en crear reglas claras, evitar doble contabilidad y definir cómo se reparten los beneficios entre el Estado, empresas, comunidades y propietarios de áreas de conservación.
Mercado de carbono y precios globales
El Banco Mundial informó que los ingresos por fijación del precio del carbono pasaron de menos de USD 30.000 millones en 2016 a más de USD 107.000 millones en 2025. También señaló que existen 87 políticas de fijación de precios del carbono en el mundo, siete más que el año anterior.
El mismo reporte ubicó el precio promedio directo del carbono en casi USD 21 por tonelada de CO₂ equivalente. En el mercado de créditos, el volumen total de emisiones de créditos de carbono aumentó 8 % entre 2024 y 2025. Los precios bajaron levemente, aunque algunos proyectos de conservación forestal y reforestación mantuvieron primas más altas.
Ese contexto explica el interés de Ecuador. El país tiene bosques, manglares y otros ecosistemas que pueden capturar carbono. Pero la oportunidad no depende solo del recurso natural. También exige medición, verificación, trazabilidad y una autoridad que valide los proyectos antes de enviarlos a mercados nacionales o internacionales.
Mercado carbono en la agenda ecuatoriana
La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea recibió en marzo aportes del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de especialistas internacionales para el proyecto de ley sobre cambio climático. La directora de Mitigación del MAATE, Adriana Delgado, indicó que Ecuador ya cuenta con un esquema de compensación de emisiones establecido mediante el Acuerdo Ministerial 053 de 2023.
Según esa explicación, el esquema permite desarrollar iniciativas voluntarias de mitigación y generar créditos de carbono bajo estándares de transparencia e integridad ambiental. Delgado sostuvo que ese mecanismo representa un primer paso para que Ecuador participe en mercados internacionales de carbono.
La Asamblea también recibió criterios sobre la necesidad de fortalecer el marco legal para facilitar la participación del país en los mecanismos del artículo 6 del Acuerdo de París. Ese artículo permite cooperación entre países para cumplir metas climáticas, siempre que existan reglas de contabilidad y control.
Empresas, bosques y regulación pendiente
El Ministerio de Ambiente y Energía informó que más de 600 organizaciones forman parte del Programa Ecuador Carbono Cero. De ellas, cerca de 150 obtuvieron pronunciamientos favorables en su ruta hacia la neutralidad de huella de carbono. En la cuarta edición de sus galardones reconoció a más de 40 empresas e instituciones.
La discusión legislativa apunta a ordenar una práctica que ya existe. El proyecto busca crear categorías para generación, autorización, transferencia y uso de reducciones o remociones de emisiones. También plantea que el Ministerio del Ambiente sea la autoridad reguladora.
Los recursos generados por la venta de bonos deberían dirigirse a proyectos ambientales y de mitigación climática, según la explicación legislativa citada por ese medio. Entre las áreas mencionadas constan bosques, manglares, ecosistemas frágiles y programas de conservación.
Datos clave:
- Más de USD 107.000 millones recaudó la fijación del precio del carbono en 2025.
- 87 políticas de precio al carbono están vigentes en el mundo.
- El precio promedio directo llegó a casi USD 21 por tonelada de CO₂ equivalente.
- Ecuador tiene más de 600 organizaciones en el Programa Ecuador Carbono Cero.
- Cerca de 150 organizaciones recibieron pronunciamientos favorables en ese programa.
Para Ecuador, el punto central no es solo vender bonos. La ruta pasa por definir quién certifica, quién cobra, quién recibe los recursos y cómo se garantiza que cada tonelada de carbono reducida o capturada sea real, verificable y reconocida por los mercados.
