Las personas privadas de libertad en Ecuador deberán trabajar para solventar sus gastos personales dentro de los centros de rehabilitación social del país. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley para Transformar el Sistema Penitenciario durante la jornada vespertina de este martes 17 de marzo de 2026.
Dicha decisión legislativa contó con el respaldo de 84 votos afirmativos frente a 62 votos negativos de los asambleístas presentes en la sesión. En consecuencia, el documento legal establece mecanismos claros para que los internos generen recursos económicos propios mientras cumplen sus respectivas sentencias judiciales.
Reformas para las personas privadas de libertad
Esta iniciativa legislativa persigue que las personas privadas de libertad realicen tareas laborales constantes para contribuir significativamente a su sustento económico individual. La Comisión de Seguridad Integral, bajo la presidencia de la legisladora Inés Alarcón, redactó el texto final que recibió la aprobación mayoritaria.
Por lo tanto, la normativa contempla diversas reformas técnicas orientadas a fortalecer el control absoluto del Estado en los recintos de detención nacional. El nuevo marco jurídico busca erradicar la inactividad y promover una cultura de responsabilidad financiera entre los ciudadanos que cumplen condenas vigentes.
Producción y trabajo de personas privadas de libertad
Los puntos principales del proyecto incluyen el impulso decidido de programas de trabajo y producción efectiva dentro de las infraestructuras carcelarias estatales. Así, las autoridades pretenden alcanzar una rehabilitación real de los internos mediante el aprendizaje de oficios y la práctica de actividades remuneradas.
Igualmente, los ingresos generados permitirán que las personas privadas de libertad puedan cubrir parte de sus necesidades básicas de forma autónoma y digna. Además, la ley promueve convenios con el sector privado para instalar talleres productivos que operen bajo estrictas medidas de vigilancia perimetral permanente.
Seguridad y vigilancia en centros penitenciarios
La iniciativa legal establece medidas urgentes para reforzar el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria mediante procesos rigorosos de profesionalización técnica especializada. Por consiguiente, el plan contempla la capacitación continua de los agentes encargados de custodiar a las personas privadas de libertad diariamente.
Adicionalmente, el texto permite la incorporación temporal de policías y militares en servicio pasivo para apoyar las labores críticas de control interno. De esta manera, el gobierno busca garantizar el orden mientras las personas privadas de libertad ejecutan sus nuevas responsabilidades laborales y productivas.
