La Ley de Diabetes en Ecuador retoma su camino legislativo luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional debatiera el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes. El proyecto, unificado con la propuesta de Prevención de la Obesidad, regresa a la Comisión de Salud para incorporar aportes técnicos presentados por los asambleístas. La norma deberá volver al Pleno en los próximos días con los ajustes correspondientes.
El debate legislativo puso en evidencia la urgencia de renovar el marco legal vigente. La ley en vigor data del año 2004 y no recibió actualizaciones que respondieran a la evolución epidemiológica, los avances tecnológicos y los nuevos patrones de consumo en el país. Así, los legisladores coincidieron en la necesidad de contar con una norma de vanguardia.
Un sistema que apuesta por la prevención y la dignidad
La discusión en el Pleno reconoció una realidad que hoy afecta a 1 de cada 9 personas en Ecuador. Datos de la Encuesta Nacional de Diabetes y Factores Asociados, la Casa de la Diabetes y CEVAXIN indican que la prevalencia de esta condición alcanza el 11,03 % a nivel nacional. Además, el 5,5 % de la población desconoce su diagnóstico y el 17,9 % no accede a tratamiento oportuno.
La propuesta integra cuatro ejes centrales para enfrentar esta realidad. El primero es el Programa Nacional de Diabetes (PND), liderado por el Ministerio de Salud Pública para coordinar la prevención y la investigación. El segundo garantiza la protección de derechos en entornos educativos y laborales, sin discriminación. El tercero crea un comité de seguridad alimentaria para regular la alimentación escolar y el etiquetado. El cuarto establece rutas claras de acceso a medicamentos y tratamiento de complicaciones visuales, renales y cardiovasculares.
La Ley de Diabetes frente al costo económico de la inacción
El debate también subrayó que la prevención representa la decisión más costo-efectiva para el Estado ecuatoriano. El estudio de Carga de Enfermedad de 2025 señala que la diabetes le cuesta al país el 8,6 % de su PIB, cifra que supera la inversión nacional en educación. Este dato sitúa a la enfermedad como una emergencia de salud pública con repercusiones directas en la economía nacional.
La evidencia respalda la urgencia de actuar con rapidez. El impacto anual de la ceguera por diabetes alcanza los USD 259,7 millones por pérdida de productividad. Por otro lado, el acceso a tecnología de monitoreo continuo de glucosa puede evitar complicaciones que llegan a costar hasta USD 33.000 por paciente al año en casos de discapacidad visual.
Voz de los pacientes y la sociedad civil
Ana Fernanda Sánchez, Directora de la Casa de la Diabetes, destacó el alcance transformador de la norma ante los legisladores. "Estamos ante un hito de corresponsabilidad. Esta ley, que fue construida arduamente durante 5 años, con un riguroso sustento técnico e incluyó a diversos sectores, busca actualizar un marco normativo que data de 2004 y que ya no responde a nuestra realidad. No solo trata una enfermedad; reconoce la obesidad como condición crónica, prohíbe la discriminación y asegura que el sistema llegue a tiempo para evitar discapacidades prevenibles", señaló Sánchez.
La directora también instó a los legisladores a aprobar la norma con celeridad. Sánchez subrayó que los únicos beneficiarios de la Ley de Diabetes son los pacientes y sus familias, y que los procesos internos no deben demorar su entrada en vigor.
Ecuador avanza hacia una política pública de salud integral
Con las observaciones recogidas en el Pleno, la Comisión de Salud tiene ahora la tarea de consolidar una norma que proteja la vida y fomente la actividad física en el país. El proyecto representa además un reconocimiento formal de la obesidad como condición crónica dentro del sistema de salud ecuatoriano. Esto amplía el alcance de la protección legal para miles de familias.
La aprobación de la Ley de Diabetes marcaría la primera actualización del marco normativo en más de dos décadas. Ecuador aguarda una política pública que garantice acceso, prevención y dignidad para la población que convive con esta condición crónica.
