La noche del domingo, un contingente de policías armados ingresó a las instalaciones de Segura EP, ubicadas en la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil. La intervención, que tuvo características similares a un allanamiento, fue liderada por el ministro del Interior John Reimberg, y contó con la presencia del comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Los agentes avanzaron hasta la sala de monitoreo, donde se concentran las operaciones de las cámaras de seguridad de la ciudad.
Horas antes, en medio de un nuevo incendio registrado en el centro de Guayaquil, Reimberg había advertido en su cuenta de X que los hechos violentos no eran casuales. "Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden. No vamos a mirar a otro lado. Las acciones empezarán de inmediato", escribió, anticipando una respuesta estatal.
Pasadas las 20h00, el ministro confirmó que Segura EP estaba siendo intervenida por incumplir un acuerdo ministerial relacionado con la gestión y almacenamiento de la información del sistema de videovigilancia. Según explicó, los datos debían permanecer bajo control directo del Estado y no en manos de un proveedor privado. "No hemos venido a confrontar con el Municipio, hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil", afirmó.
Control policial del sistema de videovigilancia
Como parte de la medida, Reimberg anunció que la Policía Nacional asumirá de forma temporal la operación de Segura EP, incluyendo el manejo de cámaras, vehículos y recursos logísticos. Todo el sistema pasará a ser coordinado por el Ministerio del Interior, en el marco de lo que calificó como una decisión urgente ante la situación crítica de seguridad que atraviesa la ciudad. "El Estado no va a ceder la ciudad al crimen organizado", enfatizó, al señalar que la intervención se mantendrá hasta que la ciudadanía pueda vivir sin miedo.
Segura EP forma parte del municipal de Guayaquil. Hasta antes de la intervención, su presidente era Fernando Cornejo y el gerente Álex Anchundia. Durante el operativo también se observó la presencia de Andrés Sandoval, exfuncionario que estuvo al frente de la entidad al inicio de la administración del alcalde Aquiles Alvarez.
El ministro sostuvo que uno de los puntos críticos detectados es que la información de las cámaras estaría siendo almacenada en servidores externos. Sobre este tema, Telconet, empresa que provee el servicio tecnológico, respondió que el sistema de cámaras no ha sido apagado ni ha dejado de funcionar y que, como operador de centros de datos, no accede al contenido de sus clientes. La compañía aseguró que mantiene los datos con altos estándares de seguridad, como lo ha hecho durante más de 15 años.
Investigaciones solicitadas por la Policía Nacional
La Fiscalía informó que el allanamiento a la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad se realizó como un acto urgente solicitado por la Policía Nacional y que no dejó personas detenidas. Según la entidad, existía información reservada que advertía sobre una posible difusión de imágenes de videovigilancia a un servidor externo aún por confirmar, por lo que se levantaron indicios para la investigación.
Reimberg indicó que se pudo clausurar el lugar, pero se optó por la figura de la intervención, dejando claro que "la Policía tiene el control total" de las operaciones. Además, reiteró que los recientes incendios registrados en Guayaquil están bajo investigación y no serían hechos aislados. Incluso advirtió que existiría información sobre posibles movimientos de grupos de delincuencia organizada, por lo que se reforzarán las acciones preventivas.
Reacciones políticas ante el procedimiento
Tras el operativo, la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel se pronunció señalando que Segura EP fue allanada dentro de actuaciones dispuestas por las autoridades competentes y que el Municipio mantiene disposición para colaborar con las investigaciones. Aseguró que la gestión del sistema de videovigilancia se ha mantenido dentro del marco legal y que información relevante para la seguridad nacional ha sido entregada oportunamente al Gobierno.
En contraste, 12 concejales de Guayaquil emitieron un comunicado rechazando el procedimiento, al considerar que la irrupción en Segura EP fue un hecho grave que vulnera principios institucionales, al no haberse registrado incautaciones ni resultados materiales que, a su criterio, justifiquen el despliegue policial. En el documento, también ratificaron su respaldo al alcalde Aquiles Alvarez y a la alcaldesa subrogante.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior y la Policía mantienen el control de Segura EP, en un escenario de tensión política e institucional, mientras avanzan las investigaciones sobre el manejo de la información y la posible relación entre los incendios y estructuras delictivas organizadas.
