La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, la noche del viernes 13 de febrero en Quito, el informe que recomienda el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).
El proceso, impulsado por cinco legisladores de la Revolución Ciudadana, acusa a Godoy de presunto incumplimiento de funciones y "manifiesta inoperancia" en la gestión de seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero.
La Asamblea debe cumplir con ciertos plazos para la convocatoria del juicio político.
Desarrollo
La mesa legislativa, liderada por Ferdinan Álvarez (ADN), sesionó de forma extraordinaria para validar el documento que recoge los hechos relacionados con la renuncia del juez Serrano.
Según el informe técnico-jurídico, la conducta de Godoy se ajusta a la causal del artículo 255 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sanciona la falta de respuesta institucional efectiva ante amenazas a la integridad de los servidores judiciales.
Durante el debate, Álvarez defendió la postura del bloque de Gobierno ante las críticas de supuesto encubrimiento. "Los hechos pesan más que cualquier narrativa", afirmó el legislador, subrayando que el respaldo de Acción Democrática Nacional (ADN) al proceso se basa en sustentos técnicos y no en cálculos políticos.
Con este paso, el informe será remitido a la Secretaría General para su difusión inmediata a los 151 asambleístas.
Acusaciones de injerencia y nexos judiciales
El sustento del juicio político no solo se limita a la inacción administrativa. Los interpelantes sostienen que Godoy, a través de Henry Gaibor (exdirector de la Judicatura de Pichincha), habría ejercido presiones sobre el entonces juez Serrano para favorecer a Jezdimir Srdan, un ciudadano serbio sentenciado por lavado de activos. Se resalta que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, actuó como abogada de Srdan en etapas previas al proceso.
Adicionalmente, el correísmo señala una presunta injerencia indebida en otros dos frentes: presiones hacia la jueza Nubia Vera en el marco de una acción de protección de la exvicepresidenta Verónica Abad, y la intervención en el denominado caso Euro 2024. Estas acusaciones forman parte de la carga probatoria que deberá ser debatida en la instancia final del Parlamento.
Plazos legales y votación en el pleno
Tras su aprobación, el informe pasará a la presidencia de la Asamblea Nacional y a la secretaría general que, en un plazo de dos días, notificará a Mario Godoy y a los 151 legisladores.
Luego, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispone de un plazo máximo de cinco días para convocar a la sesión del pleno. En esta jornada, tanto los asambleístas interpelantes como Mario Godoy —quien se encuentra actualmente con licencia sin sueldo— presentarán sus pruebas de cargo y descargo ante la plenaria.
Para que la censura y destitución de Godoy se haga efectiva, el Legislativo requiere una mayoría calificada de 101 votos.
La bancada oficialista de ADN ya ha adelantado que votará a favor de la salida del funcionario, lo que inclina la balanza hacia una posible remoción del cargo en la máxima instancia del órgano administrativo de la Función Judicial.
