La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional conoció y escuchó este miércoles 13 de mayo de 2026 el proyecto de reforma a la Ley de Tránsito denominado "Reforma Rony". La propuesta fue presentada por Marcelo García, padre de Rony García Ruano, un joven ingeniero que falleció hace diez días en un siniestro vial provocado por un conductor en estado de embriaguez. Tras recibir el testimonio, la mesa legislativa analizó la necesidad de endurecer controles, al tiempo que aprobó iniciar una fiscalización por presuntas vulneraciones de datos personales en entidades públicas.
Durante la sesión, los legisladores escucharon el desgarrador relato de García, quien explicó que su hijo perdió la vida a manos de un conductor que circulaba con 2.01 gramos de alcohol en la sangre y que ya contaba con antecedentes por la misma infracción. El objetivo de la comparecencia fue sensibilizar a la mesa y proponer que la reforma establezca responsabilidades compartidas entre conductores, operadoras y propietarios de vehículos para reducir la impunidad en las vías.
Análisis de responsabilidad y observaciones técnicas
La propuesta ciudadana, que llega a la Asamblea, busca que las operadoras de transporte asuman una mayor vigilancia sobre su personal, especialmente cuando existen antecedentes de conducción bajo efectos del alcohol. Tras conocer los detalles del caso, los asambleístas coincidieron en la importancia de analizar mecanismos que fortalezcan la seguridad vial. En la misma jornada, esta comisión de la Asamblea Nacional recibió al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para revisar aspectos técnicos de otra normativa sobre el uso de uniformes de seguridad pública.
Jennifer Marcillo, representante del INEC, explicó que la institución solo puede actuar dentro del marco del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CIIU). Por ello, sugirió que, para avanzar en la regulación de uniformes e insignias, el Ministerio del Interior debe entregar primero un listado detallado de productos. Esta observación técnica busca que el proyecto de ley tenga una trazabilidad clara y no interfiera con las competencias estadísticas del instituto.
Fiscalización por presunta filtración de datos
En el cierre de la jornada, la mesa legislativa aprobó con nueve votos afirmativos iniciar un proceso de fiscalización sobre incidentes de seguridad informática registrados entre abril y mayo de 2026. La iniciativa, impulsada por el legislador Gerardo Machado, surge ante la posible filtración masiva de datos biométricos y vulneraciones en la infraestructura digital de instituciones clave para la identidad y movilidad de los ciudadanos.
La investigación se centrará en los sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Registro Civil, entidades que habrían sufrido incidentes de ciberseguridad recientemente. La Comisión de Seguridad, de la Asamblea Nacional, buscará determinar si existió una exposición real de la información privada de los ecuatorianos y cuáles han sido las medidas de mitigación adoptadas por las autoridades frente a estas amenazas digitales en el país.
