La jueza penal de Azogues, Erika Álvarez, ordenó este miércoles 8 de octubre la liberación inmediata de cinco personas detenidas tras el ataque a la caravana presidencial de Daniel Noboa. Este ataque ocurrió el 7 de octubre en el cantón El Tambo, provincia de Cañar. La magistrada calificó la detención como ilegal por violaciones al debido proceso. Esto incluyó la incomunicación de los aprehendidos y la falta de lectura de sus derechos en el momento de la aprehensión.
La resolución se dictó tras una audiencia de flagrancia en la Unidad Multicompetente de El Tambo, donde se evaluó la legalidad de las detenciones. La fiscal Martha Villamarín solicitó la formulación de cargos por el delito de ataque o resistencia. Esto fue según el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, la jueza determinó que las irregularidades en el procedimiento invalidaban la aprehensión.
Audiencia revela irregularidades en detenciones
El ataque ocurrió en las inmediaciones del río Coyoctor, durante manifestaciones del movimiento indígena contra la eliminación del subsidio al diésel. Según la Fiscalía, unas 500 personas estaban presentes, y el incidente dejó tres militares heridos. Hubo daños a vehículos de la caravana presidencial. Los detenidos, identificados como Luis Humberto Y.G., José G.Ch., Franklin Lorenzo P.P., Jaime Arcivíales G.G. y María Ana Ch.Q., enfrentaban acusaciones por ataque o resistencia y daño a bien ajeno.
La defensa de los aprehendidos denunció que no se les leyeron sus derechos al momento de la detención. Esta se habría realizado horas después, alrededor de las 19h00, en la Subzona Azuay, en Cuenca. Además, señalaron que los detenidos permanecieron incomunicados durante siete horas, sin acceso a familiares ni asistencia legal. También dijeron que la audiencia se celebró fuera del plazo legal de 24 horas.
🚩 #ATENCIÓN| Declarados libres los 5 de #Cañar, la detención fue ilegal.
Pero no vamos a olvidar esta imagen donde una campesina adulta mayor fue encarcelada y maltratada, junto a 4 compañeros más. Vamos a seguir resistiendo por #EfrainFuerez y por nuestros pueblos que viven… pic.twitter.com/FFeR8wkxPN
— Andrés Quishpe (@VAndresQuishpe) October 8, 2025
Fiscalía insiste en investigar el caso
En la audiencia, que se prolongó por más de cinco horas, la fiscal Villamarín argumentó que los hechos constituían un delito flagrante, respaldada por indicios como las huellas de los ataques a los vehículos. Sin embargo, la jueza Álvarez concluyó que las detenciones no cumplieron con los requisitos legales. La Fiscalía misma reconoció irregularidades en el procedimiento, como la falta de notificación inmediata de derechos.
La fiscal cuestionó la resolución, afirmando que impedía la activación del órgano jurisdiccional, pero aclaró que no formularía cargos para evitar un vicio procedimental. “La Fiscalía continuará con una investigación previa para que este caso no quede en la impunidad”, señaló Villamarín. La defensa, por su parte, destacó que las aprehensiones fueron arbitrarias e inconstitucionales, celebrando la liberación ordenada por la jueza.
Contexto de tensión social en Cañar
El incidente se dio en un contexto de protestas por la eliminación del subsidio al diésel, una medida del Gobierno de Noboa para enfrentar la crisis económica. El Ejecutivo denunció el ataque como terrorismo y tentativa de asesinato, lo que generó condena internacional. La ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, había solicitado procesar a los responsables por delitos más graves, como tentativa de asesinato y terrorismo.
La decisión de la jueza Álvarez ha avivado el debate sobre el equilibrio entre la seguridad estatal y los derechos fundamentales. Mientras el Gobierno busca sancionar los hechos para evitar la impunidad, las defensas sostienen que el caso refleja un uso excesivo de la fuerza estatal contra manifestantes. Los cinco liberados, cuatro hombres en la Cárcel de Azogues n.º 2 y una mujer en la cárcel de mujeres de Cuenca, recuperarán su libertad en las próximas horas.
Liberación y debate sobre derechos fundamentales
La resolución de la jueza marca un precedente en la protección de los derechos de los detenidos en contextos de protestas sociales. La Fiscalía, aunque no formuló cargos, mantiene abierta una investigación previa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El caso sigue generando atención nacional e internacional. Esto ocurre en un momento de alta tensión política en Ecuador, donde las protestas indígenas y las políticas económicas del Gobierno han intensificado las divisiones sociales.
