Un pedido de nulidad de la audiencia de vinculación presentado por la empresa CHN S.A. complica la diligencia judicial en la que se busca incorporar a la esposa, la madre y otros familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada.
El juez Jairo García reprogramó la audiencia suspendida el 13 de mayo para el martes 26 de mayo de 2026, a las 9h00. La Fiscalía, a través del fiscal Dennis Villavicencio, busca vincular a Fiorella Icaza (esposa del alcalde), Gioconda Henriques (madre), Fernando y Andrés Viteri (primos), la contadora Erika Vélez y nueve empresas vinculadas a la familia.
Entre las compañías se encuentran Grupo Alva3 S.A., Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A., Inmobiliaria Alvarez Hache S.A., Operoil S.A. y CHN S.A.
Suspensión y nueva fecha
La audiencia del 13 de mayo se suspendió tras advertir que Fernando y Andrés Viteri ya no figuraban como representantes legales de varias empresas que la Fiscalía pretendía incorporar. El juez solicitó a la Superintendencia de Compañías información actualizada sobre los gerentes administradores, la cual ya fue incorporada al expediente.
Según los registros, Fernando Viteri consta como representante de las cinco primeras compañías del listado, mientras que Andrés Viteri aparece en otras dos. Para Operoil S.A. figura José Gutemberg Ruiz Castillo y para CHN S.A., Gabriel Oswaldo Chávez Núñez del Arco, hermano del asambleísta Raúl Chávez.
Solicitud de nulidad
En un escrito presentado por Gabriel Chávez Núñez del Arco en representación de CHN S.A., se pide declarar la nulidad de la audiencia de vinculación tanto de las cinco personas naturales como de las nueve personas jurídicas.
Según el portal Primicias, el argumento central es la imposibilidad material y jurídica de garantizar el derecho a la defensa, ya que solo restarían 16 días calendario hasta el 11 de junio de 2026, fecha en que se cumple el plazo máximo de 120 días de instrucción fiscal según el COIP.
"Esto evidencia una absoluta imposibilidad de otorgar a las nuevas personas los treinta (30) días de ampliación que exige el COIP para ejercer su derecho a la contradicción, solicitar pericias o recabar elementos de descargo", señala el documento. Chávez invoca el artículo 454 del COIP, que establece la nulidad de actos que produzcan indefensión.
Contexto del caso
El caso Goleada investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la comercialización ilegal de combustibles. La investigación, que inició por presunta delincuencia organizada, fue reformulada a lavado de activos. Se señala un perjuicio económico al Estado cercano a los USD 100 millones mediante el uso de empresas para reventa de diésel subsidiado.
Aquiles Alvarez mantiene medidas alternativas en este proceso, aunque permanece detenido por los casos Triple A y la presunta manipulación de grillete electrónico.
