La Policía de España capturó en Madrid a Enrique Heráclito W.A., exgerente general de la empresa Ecuagran, vinculado al caso ISSPOL. La detención se ejecutó en coordinación con INTERPOL y la Policía Nacional del Ecuador, según informó el ministro del Interior, John Reimberg Oviedo.
John Reimberg dijo que el detenido es señalado por la justicia ecuatoriana como responsable del delito de falsedad de información en el proceso Ecuagran-Delcorp. Según el anuncio oficial, Heráclito será extraditado al Ecuador para enfrentar a la justicia por su presunta participación en el millonario esquema financiero.
Lo que pasó en el ISSPOL
Las autoridades también indicaron que deberá responder económicamente por el daño causado a miles de afiliados del Instituto de Seguridad Social de la Policía. El caso se relaciona con uno de los mayores escándalos de corrupción financiera registrados en el país en la última década. El ISSPOL, según las autoridades de Ecuador fue afectado entre 2014 y 2019 por inversiones irregulares que comprometieron fondos previsionales de policías activos y en servicio pasivo.
Las autoridades estimaron inicialmente un perjuicio de entre 500 y 800 millones de dólares, cifra que luego superó los 900 millones en investigaciones posteriores.Ese monto incluyó pactos de recompra, swaps, bonos globales y otras transacciones realizadas sin los respaldos exigidos por la normativa financiera.
Una trama de operaciones irregulares
Entre las operaciones investigadas figura un pacto de recompra de bonos globales por 216 millones de dólares que nunca fue honrado, según exautoridades de Ecuador. Otras transacciones vinculadas a empresas relacionadas con Jorge Chérres sumaron aproximadamente 693 millones de dólares en operaciones irregulares, según denunciaron el exlegislador Fernando Villavicencio y la ex ministra María Paula Romo.
Hasta inicios de 2026 se han recuperado montos parciales, como 290 millones de dólares y otros 31 millones obtenidos mediante decisiones judiciales en el extranjero.
Lo que han dicho las autoridades el ISSPOL
La trama presuntamente involucró a exdirectivos del ISSPOL, casas de valores y empresas intermediarias que actuaron como operadores financieros del esquema. El mecanismo, según las versiones de autoridades incluyó inversiones de alto riesgo, operaciones extrabursátiles y custodia irregular de valores a través de firmas nacionales e internacionales. Estas prácticas permitieron desviar o poner en riesgo recursos que pertenecían a más de 90 mil familias policiales.
Jorge Chérres, representante de IBcorp Investments, es considerado el principal articulador de muchas de estas operaciones financieras. Según la justicia de Estados Unidos, Chérres pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos, incluyendo pagos a John Luzuriaga, exfuncionario del ISSPOL. El incumplimiento en la recompra de bonos generó pérdidas millonarias que terminaron afectando directamente a los afiliados del instituto policial.
Procesos judiciales y cooperación internacional
La Fiscalía General del Estado abrió más de 20 investigaciones por peculado y otros delitos relacionados con el caso ISSPOL. En 2024 se llamó a juicio a al menos diez exfuncionarios y particulares vinculados con estas operaciones financieras irregulares. También se ejecutaron allanamientos, detenciones y medidas cautelares contra generales de la Policía y operadores privados.
Estados Unidos procesó a Jorge Chérres y John Luzuriaga por lavado de activos y sobornos, con órdenes de arresto vigentes. Además, en años anteriores se congelaron fondos por 72 millones de dólares en ese país como parte de las investigaciones internacionales. Estas acciones permitieron avanzar en la recuperación de activos y en la identificación de responsables del esquema.
En 2025 se lograron restituciones adicionales, como los 31 millones recuperados en Guatemala mediante mecanismos judiciales. El ISSPOL fue reconocido como querellante adhesivo en estos procesos y el gobierno de Daniel Noboa impulsó la recuperación de recursos. Pese a estos avances, las autoridades admiten que la recuperación total de los fondos aún es parcial y el proceso sigue abierto.
Nombres señalados y controversias políticas
Varias personas y entidades han vinculado públicamente al exministro del Interior José Serrano con el caso ISSPOL, aunque no ha sido condenado por peculado. Fernando Villavicencio, exasambleísta y periodista asesinado en 2023, fue uno de los más enfáticos en señalar una supuesta relación entre Serrano y Jorge Chérres. En la Comisión de Fiscalización presentó un cheque firmado por Chérres a favor de María Paula Christiansen, presunta pareja de Serrano y exfuncionaria del Ministerio del Interior.
Serrano ha negado reiteradamente cualquier responsabilidad directa en el desfalco y sostiene que su rol fue únicamente normativo. Argumenta que como ministro del Interior y presidente del Directorio del ISSPOL no tuvo control operativo sobre las inversiones cuestionadas. Actualmente permanece detenido en Estados Unidos desde agosto de 2025 por asuntos relacionados con su estatus migratorio.
José Serrano cuestionó a María Paula Romo
En su momento José Serrano también dirigió sus cuestionamientos contra María Paula Romo, quien en 2020 presidía el Directorio del ISSPOL como ministra de Gobierno. El exministro y ex asambleísta sostuvo que el 27 de julio de ese año, bajo la conducción de Romo, el organismo aprobó un canje de bonos que habría resultado perjudicial para el fondo policial. Según su versión, se sustituyeron bonos con vencimientos en 2021, 2024 y 2029 por otros cuyo capital se pagaría recién en 2040, además de concederse dos años de gracia para el pago de intereses.
Serrano afirmó públicamente que esa decisión financiera comprometió seriamente los recursos del ISSPOL y que, a su criterio, debía ser analizada como un posible peculado. En ese contexto, dijo no comprender cómo el Directorio, bajo la presidencia de Romo, autorizó condiciones que, según él, afectaban directamente la liquidez y la sostenibilidad del fondo de seguridad social de la Policía.
Lo que dijo en la Asamblea Nacional
El exministro reforzó en su momento sus señalamientos con un oficio fechado el 4 de agosto de 2020, dirigido al entonces director del ISSPOL, general Jorge Villarroel. En ese documento se advertía sobre la existencia de al menos 83 millones de dólares en inversiones realizadas sin contratos formales, lo que, a su juicio, evidenciaba graves irregularidades dentro del sistema de inversiones.
Serrano sostuvo que en ese expediente constaban los nombres de varios funcionarios que habrían intervenido en esas operaciones y consideró que esas responsabilidades debían ser investigadas. Además, planteó que debía esclarecerse si María Paula Romo, quien hizo pública la denuncia del caso ISSPOL en 2020, recibió presiones o directrices del entonces presidente Lenín Moreno para ejecutar los canjes de bonos u otras transacciones de alto riesgo.
Un gran perjuicio al ISSPOL
María Paula Christiansen también dijo en su momento que era víctima de una "persecución infame" y "linchamiento mediático", y que el cheque fue "sacado de contexto" por Villavicencio.
Según las autoridades de Ecuador la mayor parte del esquema se ejecutó durante el gobierno de Rafael Correa, especialmente entre 2014 y 2017. Algunas operaciones continuaron o se renegociaron en los primeros años del mandato de Lenín Moreno, cuando el caso fue destapado públicamente en 2020. Entre las personas que alertaron el tema estuvieron Villavicencio y María Paula Romo. Desde entonces, el escándalo ha impulsado reformas en los controles financieros y una revisión del sistema de inversiones institucionales.
