El movimiento indígena de la provincia de Imbabura rechazó este viernes 28 de noviembre de 2025 la decisión de la Asamblea Nacional de realizar una sesión solemne del pleno en la ciudad de Ibarra.
Mediante un comunicado las organizaciones Chillalta FICI y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) calificaron el acto como un agravio, una falta de respeto y una burla hacia los pueblos indígenas. Además lo tildaron de marketing político y derroche de recursos públicos.
La sesiónrealizada en la Universidad Técnica del Norte, incluye la entrega de reconocimientos a personalidades e instituciones locales por parte de los legisladores, con el objetivo declarado de impulsar la reactivación económica.
Antecedentes del conflicto social en la provincia
Durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la provincia de Imbabura registró graves incidentes de violencia. La represión dejó al menos dos personas asesinadas y 475 heridas, según reportes de organizaciones locales. Las movilizaciones que duraron cerca de un mes y se levantó tras negociaciones fallidas, demandaba medidas contra la inseguridad, el alza de precios y la regresión de derechos laborales.
En su comunicado,Chillalta FICI y UNORCAC recordaron que "Imbabura fue escenario de heridos, mutilados, torturados, perseguidosy asesinados, producto de la represión ordenada por el presidente Daniel Noboa".
Además, las organizaciones señalaron que la Asamblea Nacional "guardó silencio" ante estos hechos, sin exigir investigaciones ni demandar responsabilidades a los involucrados. En lugar de apoyar a las víctimas, los legisladores optaron por respaldar políticas de bonos asistencialistas del Ejecutivo, según cita el pronunciamiento. Por ello, afirmaron que los asambleístas"no tienen autoridad moral para presentarse en nuestro territorio".
Problemas persistentes en Imbabura y demandas indígenas
Las organizaciones además destacaron la desnutrición infantil, que afecta a comunidades indígenas con tasas alarmantes a nivel nacional, donde el 23% de los niños menores de cinco años presenta retraso en el crecimiento, según datos de UNICEF. En la provincia, esta problemática se agrava por la falta de acceso a servicios básicos en zonas rurales.
Asimismo, denunciaron la explotación laboral en la agroindustria, sector clave de la economía local, dondemiles de trabajadores enfrentan abusos sistemáticosy condiciones precarias.
Chillalta FICI y UNORCAC enfatizaron que la sesión noresuelve estos problemas urgentes y solo beneficia intereses del gran capital, no de los pueblos. "Rechazamos su presencia, que no es más que marketing político y derroche de recursos públicos", puntualizaron.
