El sistema penitenciario ecuatoriano finalizó el año 2025 bajo una presión logística y humanitaria sin precedentes, según revelan las últimas cifras del informe de gestión carcelaria del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. El fenómeno del hacinamiento en cárceles de Ecuador se ha consolidado como el desafío más urgente para la seguridad nacional, afectando la operatividad de los recintos y la integridad de los internos. Al 26 de diciembre de 2025, la población total de personas privadas de libertad (PPL) ascendió a 36.908 individuos, una cifra que desborda ampliamente la infraestructura disponible. Este excedente poblacional no solo complica la convivencia interna, sino que limita los esfuerzos de rehabilitación social efectiva.
Al analizar la capacidad instalada efectiva del país, se observa que el sistema solo cuenta con 27.458 plazas reglamentarias, lo que arroja un déficit de 9.450 espacios físicos. Esta brecha porcentual sitúa el hacinamiento en cárceles de Ecuador en un preocupante 34,42% a nivel nacional, marcando una tendencia que se mantuvo al alza durante el segundo semestre. La distribución de internos muestra que 23.154 personas ya cuentan con una sentencia condenatoria, mientras que 13.089 aún se encuentran en calidad de procesados. Esta disparidad en el estatus jurídico de la población agrava la saturación de los centros destinados a la detención provisional en las principales zonas urbanas.
Distribución provincial y capacidad del sistema carcelario
El mapa de la crisis muestra que el sistema carcelario se compone de 36 Centros de Privación de Libertad (CPL) distribuidos en 21 provincias del territorio nacional. La infraestructura para combatir el hacinamiento en cárceles de Ecuador se concentra mayoritariamente en Guayas, que posee cinco centros, y Manabí, con cuatro instalaciones operativas. Otras provincias como Chimborazo y Pichincha albergan tres centros cada una, intentando gestionar un flujo de ingresos que supera la capacidad técnica de sus pabellones. La presencia de recintos en zonas fronterizas como Carchi y Sucumbíos añade una capa de complejidad por la vigilancia especial requerida en esos puntos.
A nivel de cantones, la saturación se manifiesta de forma heterogénea, con centros ubicados en ciudades estratégicas como Guayaquil, Quito, Cuenca, Portoviejo y Machala. En total, el sistema debe administrar una población masculina de 34.239 hombres y una femenina de 2.669 mujeres, lo que evidencia que el hacinamiento en cárceles de Ecuador afecta de manera desproporcionada a los pabellones de varones. Provincias con un solo centro, como Los Ríos o Santo Domingo de los Tsáchilas, enfrentan retos mayúsculos al no tener opciones de derivación cercanas cuando su capacidad llega al límite. El mantenimiento de infraestructura en estos puntos se vuelve crítico para evitar el colapso de los servicios básicos internos.
Los centros con mayores índices de sobrepoblación
Dentro del análisis detallado de la hoja PPL Zona CPL, cinco establecimientos destacan por cifras de saturación que duplican o triplican su capacidad nominal. El epicentro del hacinamiento en cárceles de Ecuador se localiza en el CPL Guayas N.° 5, donde la población de 1.815 internos sobrepasa los 545 espacios disponibles, registrando un alarmante 233,03% de exceso. En segundo lugar, el CRS Masculino Manabí N.° 2 reporta un 195% de hacinamiento, al albergar a 413 personas en un espacio diseñado apenas para 140. Estas cifras reflejan una situación de emergencia que compromete los estándares internacionales de derechos humanos.
El listado de los centros más saturados se completa con el CPL Los Ríos N.° 2, que presenta un 152,88% de ocupación excesiva con 1.052 internos en 416 plazas. Le sigue el CPL Chimborazo N.° 1, que registra un 114% de hacinamiento en cárceles de Ecuador, y el CPL Morona Santiago N.° 1, con un 98,45% de sobrepoblación. En estas instituciones, el número de plazas faltantes obliga a la utilización de áreas comunes como dormitorios improvisados, lo que degrada las condiciones de salubridad. La alta concentración de personas en recintos pequeños facilita la propagación de enfermedades y dificulta el control de seguridad por parte de los agentes penitenciarios.
Factores legales y desequilibrio entre procesados y sentenciados
El informe de diciembre de 2025 también arroja datos sobre las causas secundarias que alimentan el hacinamiento en cárceles de Ecuador, como los ingresos por apremio y contravenciones. Aunque representan una minoría, los 418 contraventores y 247 personas detenidas por apremio ocupan espacios que el sistema requiere para delitos de mayor impacto. La gestión de la justicia penal influye directamente en el flujo de salida, pues la mora procesal mantiene a miles de individuos sin una resolución definitiva de su situación legal. Esta acumulación de expedientes se traduce en una estancia prolongada que agota los recursos estatales destinados a la alimentación y salud.
Resulta relevante mencionar que, durante el último mes del año, se habilitaron 320 nuevas plazas en el CPL Santa Elena N.° 1, elevando su capacidad total a 800 espacios. Sin embargo, estas adiciones son insuficientes para contrarrestar el ritmo de crecimiento del hacinamiento en cárceles de Ecuador a escala nacional. Los centros femeninos en Quito y Guayaquil mantienen niveles de ocupación más estables, pero la presión demográfica en los centros masculinos de máxima y mediana seguridad sigue siendo el punto de ruptura. La planificación penitenciaria para el 2026 deberá considerar la construcción de nuevos pabellones o la aplicación de medidas alternativas para aliviar la carga de los centros más críticos.
Impacto en la seguridad y gobernanza carcelaria
La alta densidad poblacional es el factor determinante que facilita la pérdida de control en los patios y pabellones más conflictivos. El hacinamiento en cárceles de Ecuador crea un caldo de cultivo para que organizaciones delictivas ejerzan poder interno, aprovechando la escasez de vigilancia proporcional al número de internos. En centros como el de Guayas, la relación entre el número de guías y el de privados de libertad es una de las más bajas de la región, lo que aumenta la vulnerabilidad del personal civil. La seguridad ciudadana exterior se ve amenazada cuando los centros de rehabilitación dejan de cumplir su función de contención y se convierten en focos de inestabilidad.
El reporte de fin de año subraya que la solución al hacinamiento en cárceles de Ecuador requiere un enfoque interinstitucional que involucre tanto al sistema judicial como al ejecutivo. La optimización de la capacidad instalada no solo implica edificar muros, sino mejorar la clasificación de reclusos según su peligrosidad para evitar contagios criminales. Con un sistema que opera al 134% de su capacidad total, el margen de maniobra es mínimo ante cualquier contingencia de seguridad o emergencia sanitaria. El cierre del 2025 deja un panorama de urgencia que demanda una reforma estructural profunda para garantizar la sostenibilidad del modelo penitenciario ecuatoriano.
