El Gobierno Nacional gestiona una compensación excepcional para los usuarios residenciales que enfrentaron altas temperaturas y cortes de energía recientemente. Esta medida técnica busca cubrir el valor de hasta 180 kilovatios hora del consumo de las planillas registrado durante el pasado mes de abril de 2026.
El decreto presidencial
La disposición obliga al Ministerio de Energía y a las distribuidoras a ejecutar las acciones necesarias para otorgar este beneficio estatal inmediato. El proceso administrativo actual requiere la validación de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad para supervisar los montos aplicados finalmente.
La normativa del decreto ordena:
Disponer al Ministerio de Ambiente y Energía, a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y demás instituciones involucradas, que analicen y ejecuten las acciones pertinentes para que el Estado, conforme lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, establezca un mecanismo para otorgar una compensación excepcional, por un valor equivalente de hasta 180 kWh del consumo del servicio público de energía eléctrica, incluido el rubro de comercialización del mes de abril de 2026, a los usuarios residenciales regulados afectados en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro; así como en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
Este mandato legal obliga a las entidades públicas a estructurar la transferencia de recursos para cubrir los costos de generación y comercialización. El documento especifica que la Corporación Nacional de Electricidad y la Empresa Eléctrica Quito deben determinar el listado exacto de los ciudadanos beneficiados.
La aplicación de este subsidio temporal responde a la necesidad de proteger el presupuesto de las familias ecuatorianas frente a eventos climáticos inusuales. El artículo citado de la ley permite al Estado intervenir con medidas económicas urgentes cuando la prestación del servicio experimenta condiciones críticas.
Ejecución técnica y financiera pendiente
El Ministerio de Finanzas analiza actualmente el impacto presupuestario de esta medida cuyo costo estimado asciende a los 30 millones de dólares. Las autoridades deben emitir un dictamen fiscal favorable para garantizar que el Estado cuenta con la liquidez necesaria para pagar distribuidoras. Una vez aprobado este requisito las empresas eléctricas procederán con la refacturación masiva de los consumos registrados durante el periodo de calor.
Este proceso administrativo ha generado retrasos en la entrega de las planillas físicas y digitales a los abonados de provincias seleccionadas. Los técnicos del área comercial trabajan en la actualización de los sistemas informáticos para reflejar el descuento automático sin trámites adicionales.
