El Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, envió el viernes 31 de octubre de 2025 a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado 2026 en la que estima unos ingresos de 30.121 millones , unos gastos de USD 35.534 millones y una necesidad de financiamiento de al menos 16.055 millones para cubrir el déficit y otros compromisos.
Contexto y cifras clave
La proforma presupuestaria presentada contempla un monto total de gastos de 46.255 millones , lo que representa un aumento cercano al 13 % respecto al plan de 2025. Los ingresos estimados suman 30.121 millones , mientras los egresos se calculan en 35.534 millones , dejando un déficit de 5.413 millones , equivalente al 3,9 % del PIB estimado para 2026.
El informe subraya que para cubrir ese desfase fiscal y otros compromisos, el país requerirá financiación adicional por al menos USD 16.055 millones , según análisis independientes.
¿De dónde provendrán los recursos?
El Gobierno contempla que parte significativa del financiamiento provenga de la emisión de deuda tanto interna como externa. Por ejemplo, se programan colocaciones de bonos y créditos multilaterales por varios miles de millones de dólares para 2026. En la proforma ya se prevé la aplicación de ingresos no permanentes como la venta de activos estatales o la monetización de concesiones petroleras como mecanismos para fortalecer la caja del Estado.
Carga del servicio de la deuda y uso de los recursos
Dentro del presupuesto 2026, los gastos permanentes suman aproximadamente 23.482 millones , de los cuales cerca de 10.079 millones se destinan al pago de personal. A su vez, el servicio de la deuda intereses y amortizaciones absorbe una porción significativa del presupuesto, lo que reduce la capacidad para inversión pública u otros rubros sociales.
Riesgos y desafíos fiscales
Uno de los desafíos es que la proyección de ingresos se basa en estimaciones optimistas del precio del crudo (53,50 por barril) y de producción petrolera en descenso, lo que puede afectar la recaudación si las condiciones cambian. Además, analistas del Observatorio de la Política Fiscal han señalado que la elevada emisión interna de deuda y los vencimientos del sector privado y público generan presión sobre la liquidez estatal.
Próximos pasos legislativos
La Asamblea Nacional dispone de 30 días para aprobar o modificar la proforma presupuestaria. Si no emite resolución en ese plazo, el plan enviado entrará automáticamente en vigencia. Por ello, los legisladores evaluarán tanto la viabilidad del déficit como las fuentes de financiamiento propuestas.
