El 17 de septiembre de 2025, en Quito, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, difundió un video en X acusando a Granasa, editora de EXPRESO y EXTRA, de un supuesto esquema de evasión fiscal, antes de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) inicie oficialmente la investigación.
Acusaciones en redes sociales
En el vídeo, Neira afirmó que una empresa sin mencionarla por nombre habría utilizado a 75 vendedores de diarios como fachada para ingresar más de cinco millones de dólares en efectivo al sistema financiero nacional. Según el funcionario, existían vínculos familiares entre depositantes y una de estas personas tendría antecedentes por delincuencia organizada.
EXPRESO, días antes, denunció la existencia de una campaña de troles contra el medio, señalando que las acusaciones buscaban desacreditar sus investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en instituciones estatales.
El 11 de septiembre, el Diario ya había solicitado formalmente al SRI, a través de su director Damián Larco, información oficial sobre el inicio de la investigación tributaria.
Respuesta de Diario EXPRESO
Tras las declaraciones de Neira, EXPRESO publicó un comunicado rechazando las acusaciones. Señaló que el secretario de Integridad Pública repitió los argumentos de la campaña digital denunciada la semana pasada y lo acusó de ser “el verdadero autor intelectual” de un operativo de desprestigio.
Ese mismo día, el SRI notificó a Granasa que realizará una visita de control el próximo 24 de septiembre. La empresa indicó que entregará toda la información requerida, pero que no aceptará que un funcionario político emita sentencias anticipadas sobre su conducta tributaria.
En su pronunciamiento, Granasa aseguró que no permitirá intimidaciones y que seguirá actuando bajo la normativa vigente.
SRI detecta inconsistencias tributarias en medio nacional
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que un medio de comunicación de circulación nacional y 15 contribuyentes dedicados a la distribución de periódicos presentan posibles irregularidades tributarias por hasta USD 5 millones.
Según el organismo:
Se habrían reportado ventas mínimas, mientras las compras registradas por terceros sumaban millones.
Algunos contribuyentes tributaron bajo el RIMPE, ocultando operaciones para aprovechar beneficios tributarios.
Estas conductas podrían configurar defraudación tributaria, sancionada con hasta 10 años de prisión, de acuerdo con el artículo 298 del COIP.
El anuncio del SRI coincide con la difusión del video de Neira, generando mayor controversia sobre la manera en que el Gobierno ha manejado la información.
Estrategia de desprestigio
De acuerdo con EXPRESO, la campaña en redes se originó con datos tergiversados proporcionados por un distribuidor de periódicos. La información sobre la venta de ejemplares habría sido manipulada para montar un relato que buscaba sembrar dudas sobre la credibilidad del medio y de la empresa editora.
El comunicado de la empresa editora reiteró su compromiso de mantener la independencia periodística y continuar investigando casos de corrupción en el sector público.
La publicación también enfatizó que los intentos de desacreditación no frenarán su trabajo informativo y que la transparencia será el eje de su defensa.
Malestar del Gobierno por investigaciones de medios
El malestar del Gobierno frente a las investigaciones publicadas por EXPRESO se ha reflejado en declaraciones de voceros oficiales. La secretaria de Comunicación, Carolina Jaramillo, se refirió días antes a la situación judicial del empresario Carmigniani, sugiriendo su culpabilidad en un caso de concusión relacionado con sobornos de Sinohydro.
Neira repitió este argumento al señalar que el Gobierno “actúa con firmeza contra quienes traicionan a los ecuatorianos”. EXPRESO respondió en X que estas afirmaciones forman parte de la misma campaña de desprestigio.
El diario insistió en que la investigación que el Gobierno pretende dar por concluida apenas empieza. Recordó que la notificación oficial del SRI llegó el mismo día que Neira difundió sus acusaciones.
Periodismo bajo presión
Granasa manifestó su disposición a cooperar con el SRI. Sin embargo, aclaró que no tolerará presiones políticas ni intentos de intimidación contra su labor editorial.
El caso refleja la creciente tensión entre el Ejecutivo y medios críticos. Organizaciones de prensa han advertido que las acusaciones públicas sin procesos concluidos pueden afectar la libertad de expresión y el derecho a la información.
EXPRESO y EXTRA reiteraron su compromiso de seguir investigando y publicando reportajes sobre presunta corrupción estatal, destacando que “nadie nos va a intimidar”.
