La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, este 11 de febrero, en el Complejo Judicial del Norte de Quito, por una investigación de presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria dentro del denominado caso Goleada.
La diligencia se instaló poco antes de la 01:00. Luego continuó durante la madrugada. El juez escuchó a la Fiscalía y a las defensas. Después se retiró a deliberar. El proceso incluye a 11 personas, entre ellas Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier. La Fiscalía formuló cargos y pidió medidas cautelares para diez procesados.
Audiencia y alegatos
El agente fiscal Dennys Villavicencio expuso los indicios recabados durante la indagación previa. El funcionario detalló información financiera, vínculos empresariales y supuestas operaciones relacionadas con el Municipio. Además, la audiencia se desarrolló en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción. Las partes presentaron alegatos por casi nueve horas. El juez anunció que comunicaría su decisión de forma telemática.
La causa avanza hacia la etapa de instrucción fiscal. Por tanto, el magistrado debe resolver si acepta la prisión preventiva solicitada o impone otras medidas.
Seguridad y presencia política
Poco antes de la reanudación, unos 30 policías reforzaron la seguridad en los accesos del edificio judicial. El control buscó evitar incidentes durante la jornada. Asimismo, al sitio llegó el asambleísta Héctor Rodríguez, vinculado al correísmo, junto a simpatizantes. El grupo portó pancartas y lanzó consignas a favor del alcalde.
Rodríguez declaró: "Exigimos la libertad inmediata. Aquiles Álvarez es un preso político". También afirmó que la ley ecuatoriana no contempla detenciones superiores a 24 horas sin resolución.
Decisión pendiente del juez
A las 15:15, el juez anticorrupción Jairo Serrano retomó la audiencia. El magistrado confirmó que evaluaría los pedidos de la Fiscalía y las objeciones de la defensa. Mientras tanto, el caso Goleada mantiene atención pública. La Fiscalía sostiene que existe una estructura organizada con fines económicos ilícitos. La defensa rechaza esas acusaciones.
Finalmente, el juez debe definir las medidas cautelares para los once procesados. La resolución determinará si el alcalde continúa el proceso en libertad o bajo prisión preventiva.
Contexto del caso
El caso Goleada investiga una presunta red de delincuencia organizada que habría operado con lavado de activos y defraudación tributaria. La investigación incluye empresarios y funcionarios relacionados con la Alcaldía de Guayaquil. La Fiscalía formuló cargos tras la indagación previa y presentó evidencias ante la judicatura. Luego solicitó medidas para asegurar la comparecencia de los implicados.
El avance de esta causa impacta en la administración municipal de Guayaquil. Además, el proceso judicial define responsabilidades penales y posibles restricciones a los investigados.
