El plazo reglamentario para elegir al nuevo Fiscal General del Estado en Ecuador ya se cumplió, pero el concurso sigue abierto. A más de 131 días de la posesión de la Comisión Ciudadana encargada del proceso, todavía quedan etapas pendientes antes de designar a la máxima autoridad de la Fiscalía.
La comisión encargada de la selección acumula más de cuatro meses en funciones desde su posesión el 22 de enero de 2026. El reglamento vigente establece que los integrantes de estos organismos debían concluir el concurso dentro de un periodo fijo de cuatro meses.
La normativa contempla una ampliación de hasta dos meses únicamente cuando existan circunstancias extraordinarias ajenas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Para ello, el pleno debe aprobar una resolución motivada que justifique la extensión del plazo.
Fiscal General del Estado: el concurso avanza fuera del plazo previsto
Las reglas actuales se aprobaron en mayo de 2025 con el objetivo de evitar que los procesos de designación se prolonguen durante varios años. En ese momento, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, defendió los cambios y destacó que los nuevos mecanismos imponían límites temporales para cada concurso.
"Hemos cambiando el reglamento, pues antes no tenía tiempos limitantes ni techos, por eso es que los concursos duraban tres, cuatro años, y no pasaba nada", subrayó Fantoni en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil.
Además, durante otra entrevista concedida en 2025, aseguró que la nueva autoridad podría estar designada en febrero de 2026. Sin embargo, el desarrollo del concurso terminó alejándose de esas previsiones y el proceso permanece abierto.
Incluso antes del inicio formal de la convocatoria, la comisión ciudadana planteó que el tiempo de funciones se contabilice desde la publicación oficial del concurso y no desde la fecha de posesión. Posteriormente, el pleno del CPCCS acogió esa solicitud.
Concurso para Fiscal General del Estado continúa en fase de méritos
La convocatoria pública para participar en el proceso se difundió el 13 de febrero de 2026. Bajo esa interpretación, el plazo de cuatro meses concluiría el próximo 19 de junio, fecha en la que la comisión deberá terminar el concurso o solicitar una ampliación.
Actualmente, la elección del Fiscal General del Estado se encuentra en la etapa de calificación de méritos de 28 postulantes. En esta fase se evalúan experiencia profesional, formación académica y trayectoria, aspectos que representan 50 puntos de la nota final.
El 27 de mayo, la comisión resolvió negar diez solicitudes de recalificación y aceptó parcialmente otros doce pedidos. Sin embargo, todavía no se conoce el informe definitivo con los puntajes finales de todos los participantes.
Entre los concursantes mejor posicionados aparecen la jueza nacional Daniella Camacho y el fiscal subrogante Carlos Alarcón. No obstante, la publicación de las calificaciones definitivas todavía podría modificar el orden de los aspirantes.
Aún faltan impugnaciones y evaluaciones para elegir al fiscal
Tras concluir la etapa de méritos, el concurso avanzará hacia la fase de impugnación ciudadana. Durante este procedimiento, cualquier persona podrá presentar objeciones relacionadas con requisitos legales, probidad, ética o posibles inhabilidades de los participantes.
Posteriormente, los postulantes deberán rendir el examen de conocimientos y la prueba oral. Estas evaluaciones representan los otros 50 puntos de la calificación total y definirán quién ocupará el cargo de Fiscal General del Estado.
La normativa también contempla consecuencias para los integrantes de la comisión. Si el proceso no concluye dentro del periodo previsto, incluida una eventual prórroga, los comisionados podrían ser cesados y el caso remitido a la Contraloría General del Estado para determinar responsabilidades.
Otros concursos del CPCCS también acumulan retrasos
La situación que enfrenta la elección del Fiscal General del Estado no constituye un caso aislado dentro del CPCCS. Otros procesos de designación también registran demoras respecto de los cronogramas establecidos.
Uno de los ejemplos más visibles corresponde a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, pendiente desde 2021. Aunque el concurso comenzó en marzo de 2023, todavía permanece estancado en la fase de méritos.
A estos casos se suman los procesos para la Defensoría del Pueblo y para la renovación de jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Ambas designaciones acumulan varios años de retraso mientras continúan las discusiones sobre los mecanismos de selección.
En paralelo, equipos técnicos vinculados al Consejo solicitaron la instalación de mesas de trabajo para actualizar reglamentos y revisar los procedimientos vigentes. La propuesta busca reducir demoras y agilizar futuros concursos públicos.
