El feriado nacional del 5 de agosto cobra fuerza en la Asamblea Nacional del Ecuador, donde dos proyectos de ley buscan declarar esta fecha como día de descanso obligatorio. La propuesta conmemora el Primer Grito de Independencia de Esmeraldas, ocurrido el 5 de agosto de 1820, considerado un hito temprano del proceso emancipatorio ecuatoriano anterior a la independencia de Guayaquil del 9 de octubre de ese mismo año.
Los legisladores Samuel Célleri, aliado de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), y Fricson George Tenorio, de Revolución Ciudadana (RC), presentaron iniciativas independientes con el respaldo de quince firmas cada una. Ambas propuestas superaron el primer filtro legislativo tras la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que las remitió a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.
Proyectos que buscan el feriado nacional del 5 de agosto
El proyecto de Célleri, presentado el 10 de diciembre de 2025, consta de cinco artículos y una disposición final. La iniciativa establece la declaratoria de fecha cívica nacional del 5 de agosto de 1820, incorpora esta efeméride al calendario cívico nacional y dispone que el Ministerio de Educación planifique actividades, programas y contenidos curriculares. Además, obliga a instituciones públicas, privadas y organismos culturales a realizar actos cívicos anuales.
Por su parte, Tenorio presentó su propuesta el 20 de enero de 2026. Su proyecto reforma la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del Trabajo para incluir el 5 de agosto como fecha cívica de conmemoración nacional. La iniciativa dispone que esta fecha esté sujeta a las mismas reglas de traslado de feriado y compensación laboral que los demás días de descanso obligatorio vigentes en la legislación ecuatoriana.
Argumentos históricos detrás del feriado nacional
El proyecto de Célleri sostiene que la gesta del 5 de agosto de 1820 constituye un antecedente decisivo del proceso emancipatorio ecuatoriano. Al ser anterior a la independencia de Guayaquil, marca un hito temprano en la ruptura con la Corona española y evidencia que la independencia no fue un fenómeno exclusivo de los grandes centros urbanos, sino un proceso amplio, diverso y multiterritorial.
Por lo tanto, su reconocimiento representa un acto de justicia histórica hacia Esmeraldas y las comunidades afrodescendientes que contribuyeron al proceso de independencia. Célleri añade que esta declaratoria promovería una enseñanza de la historia más plural y descentralizada, fortaleciendo la identidad nacional y la ciudadanía.
Tenorio: impulso al turismo y la cohesión social
Tenorio sostiene que reconocer el 5 de agosto de 1820 como feriado nacional fortalece la cohesión social, el respeto a la diversidad y la identidad nacional. Señala además que un feriado impulsaría la difusión histórica, el turismo cultural y el desarrollo territorial de Esmeraldas.
Asimismo, el asambleísta de RC afirma que la iniciativa cuenta con un sólido respaldo de fuentes primarias, estudios historiográficos, consenso académico internacional y el marco constitucional vigente, lo que respalda su incorporación al ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Otros proyectos de feriado en la Asamblea
En paralelo a las iniciativas por el 5 de agosto, los asambleístas Keevin Gallardo y Mishel Mancheno, de ADN, presentaron un proyecto para declarar feriado nacional el 11 de septiembre de cada año, en conmemoración de la aprobación de la Primera Constitución que dio nacimiento a la República el 11 de septiembre de 1830. Esta iniciativa entra a análisis del CAL el miércoles 6 de mayo de 2026, previo a su calificación.
En contraste, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó otra propuesta de feriado nacional. El pleno, con 84 votos, archivó en primer debate el proyecto que buscaba declarar feriado el 18 de noviembre, propuesto por la exlegisladora Lucía Placencia en noviembre de 2022. La Comisión del Derecho al Trabajo, presidida por Eckenner Recalde, recomendó el archivo por contraponerse al principio de eficiencia administrativa y por su impacto en el sector público.
