La institucionalidad del Ecuador atraviesa una de sus semanas más críticas, marcada por decisiones de "madrugada" en el Consejo de la Judicatura y una creciente tensión entre los poderes del Estado. En una entrevista de Manavisión Plus, el politólogo Cristhopher Delgado desmenuzó el polémico bloqueo a la subrogación en la Judicatura, el impacto de las reformas económicas en los gobiernos locales y el complejo tablero judicial que hoy acecha a figuras clave como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
-Cristhopher, una semana muy movida. Entre la destitución en la Judicatura "entre gallos y medianoche", la situación de Aquiles Alvarez y procesos judiciales a familiares de la alta esfera política, ¿hay oxígeno para el ciudadano ante tantas noticias?
Claramente estamos viviendo momentos que son muy complicados a nivel nacional en el ámbito político. Esto nos da una muestra para pensar si realmente todos estos procesos van a tener el fin esperado por la ciudadanía, que al final del día es que se puedan garantizar los derechos de cada uno de los ecuatorianos desde su espacio social frente al poder político.
Hemos visto la crisis institucional que está viviendo el municipio de Guayaquil, la que vive el Poder Judicial y, obviamente, el expediente del hijo de una vicepresidenta. Todo esto pone a pensar no solo a los ecuatorianos, sino también al sector politológico del país como nosotros; mostramos una alta preocupación y un alto nivel de análisis frente a lo que está viviendo el Ecuador actualmente.
-Hablemos de lo ocurrido en el Consejo de la Judicatura. Se habla de un bloqueo contra Alexandra Villacís mediante una deuda inexistente en el SRI para impedir que asuma la presidencia, permitiendo el nombramiento de Damián Larco, un perfil del Ejecutivo. ¿Cree usted que Villacís se convirtió en una figura incómoda para el poder?
Bueno, en el tema político netamente, estos procesos nos ponen a pensar. Cuando vemos que una funcionaria es posesionada sin trabas por la Asamblea y luego aparece un impedimento que la propia institución desmiente, queda en evidencia la tensión entre los poderes. Es lamentable que se tenga que llegar a instancias donde las instituciones parecen mentir o validar documentos contradictorios para direccionar un reemplazo. Hay que hablar de institucionalidad; el país necesita que estos procesos no se vean como una toma de control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sino como actos de transparencia que actualmente están bajo una alta preocupación.
-Sobre la reforma a la Ley Económica Urgente que busca que el 70% del presupuesto de los GAD se destine a obra pública, ¿cuál es su opinión frente a esta exigencia del Ejecutivo?
En los últimos años nos hemos dado cuenta de que la ciudadanía exige una mayor labor por parte de sus alcaldías y prefecturas. Se ha diagnosticado que un alto índice del presupuesto va dirigido a actividades como comunicación para fortalecer la imagen institucional, dejando de lado la obra local o la inyección que necesita el tejido social. Mi lectura es que hay que intentar probando algo nuevo; un marco normativo que garantice inversión directa en obra pública y deje de lado el entretenimiento.
Los gobiernos seccionales montan eventos muy grandes y costosos que dejan un rédito, pero descuidan el desarrollo de sus provincias.
Cristopher Delgado, politólogo
-El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sostiene que esta limitación generaría menos atención para niños, adultos mayores y gestores culturales. ¿Son esas competencias que debe tener un municipio?
Yo creo que los municipios están para garantizar los derechos en sus territorios, y bajo ese concepto es indispensable que el suministro económico del Gobierno Central sea planificado. Si tenemos un municipio como el de Quito, con más del 40% de inversión en pauta y comunicación, te pone a pensar. Vemos necesidades en inseguridad, agua potable o acceso a educación. Es un debate sobre el marco de competencias y el cumplimiento de un plan de gobierno bajo la tutela económica del Gobierno Central. En Manabí también hemos visto rechazo al incremento de impuestos porque la gente no ve una inversión tangible.
-¿No cree que la intención del Gobierno sea también un "frenazo" político para quienes intentan reelegirse en las próximas seccionales?
No, yo creo que no. Puede darse una lectura partidista, pero aquí tiene que compensar el trabajo que hagan las alcaldías. Cuando no hay funcionalidad ni ese "match" entre el ciudadano y el gobierno, la ciudadanía genera rechazo. Todo depende de la responsabilidad política de cada autoridad para garantizar la continuidad de su proyecto. El Gobierno Central buscará posicionar a sus candidatos, pero no veo que se busque coartar capacidades de opositores mediante una ley. El pueblo estará consciente de si ha sentido mejora en sus cantones.
-Volviendo a la Judicatura, se ha pedido una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué expectativa tiene usted de la Corte y su presidente? ¿Defenderá la institucionalidad o facilitará la salida definitiva de Villacís?
Actualmente tenemos una tensión marcada. El rol de la Asamblea y de la Corte debe ser estratégico y demostrar que no son procesos improvisados por relaciones políticas. Hay una alta complejidad técnica y el juicio a Mario Godoy, por ejemplo, requiere revisar más de siete mil documentos. No debe direccionarse como un trámite político, sino como un expediente jurídico profundo. Se busca evitar vicios de procedimiento que luego tumben lo actuado. Estos días son claves para demostrar si el Estado ecuatoriano puede ejercer un control político con responsabilidad y sin interferencias.
-Sobre Guayaquil y la situación de Aquiles Alvarez, desde el Consejo Municipal se dice que es un "ataque" a la ciudad. ¿Pierde Guayaquil o gana la lucha contra la corrupción?
Es un tema delicado. Hay que separar lo político de lo institucional. El caso debe continuar su debido proceso y verificarse con pruebas tangibles y apartadas de intereses políticos la verdad sobre lo que se acusa al alcalde Aquiles Alvarez. Guayaquil no debe verse afectada; hay que dividir la parte partidista, que mueve gente a las calles, de la seguridad institucional. No hay que victimizarse ni encubrir a nadie, sino determinar responsabilidades con transparencia. De eso se encargará el Poder Judicial.
-Finalmente, en el ámbito electoral, ¿qué puede gravitar para que el Gobierno o el PSC tengan oportunidad en la alcaldía tras lo ocurrido con Aquiles Alvarez?
Todo depende de cómo has venido trabajando. Aquiles Alvarez es una figura fuerte y la principal carta en Guayas. Si se verifica su responsabilidad y se impide su participación, es obvio que deja abierto el tablero para fuerzas que han estado desapercibidas, como el PSC o candidatos del partido de gobierno. Pero más allá de eso, lo importante es el trabajo realizado y el nivel de aceptación en el territorio. Quien decide el próximo alcalde es la ciudadanía con base en si han sentido desarrollo en su ciudad.
