La Revolución Ciudadana (RC) salió este domingo 7 de septiembre de 2025 en defensa de su aliado político, el movimiento RETO, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera denunciar a esa organización por un presunto incumplimiento en la entrega de informes financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2024. El caso ya fue elevado al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde se definirá si RETO incurrió en una infracción.
La visión del correísmo: persecución política
Desde las filas correístas se sostiene que este proceso no responde a un tema administrativo, sino a una estrategia de persecución política que busca afectar directamente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y al director de RETO, el asambleísta Raúl Chávez.
El legislador de RC, Luis Fernando Molina, expresó en la red social X que “los que no ganaron en las urnas recurren a una justicia electoral subordinada y siempre lista para proscribir a quienes ejercen oposición política”. Para él, la medida no solo apunta a dos líderes políticos, sino que compromete valores como la democracia, el derecho a elegir y a pensar diferente.
Este pronunciamiento fue replicado por la cuenta oficial de la bancada legislativa de RC, aunque, hasta el momento, la organización no ha difundido un comunicado oficial como suele hacerlo en otros casos de índole política.
La relación de RETO con Álvarez y el correísmo
Aunque Aquiles Álvarez llegó a la Alcaldía de Guayaquil como candidato del correísmo, su cercanía con RETO ha sido evidente en los últimos meses. Para RC, lo que ocurre con ese movimiento no puede desligarse del intento de debilitar su gestión municipal y su liderazgo político.
El propio Álvarez ha marcado distancia con ciertas etiquetas, al señalar en declaraciones previas que “soy rafaelcorreísta” pero también que “no soy títere de nadie”, en referencia a las tensiones internas que surgieron durante la elección de la nueva vicealcaldesa de Guayaquil.
La acusación del CNE contra RETO
El CNE argumenta que RETO no utilizó el sistema contable de financiamiento político, herramienta obligatoria para transparentar ingresos y egresos de los movimientos. La falta de esos reportes impidió un control adecuado sobre el manejo económico de la organización durante 2024.
En sesión ordinaria del 6 de septiembre, el pleno del organismo resolvió elevar la denuncia al TCE para que determine si RETO incurrió en infracción.
Posibles sanciones
La Ley Orgánica de la Función Electoral establece que las infracciones relacionadas con el financiamiento y el gasto electoral pueden derivar en:
- Multas de 20 a 70 salarios básicos unificados.
- Suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años.
- En casos más graves, la cancelación de la inscripción de la organización política.
Silencio de los líderes correístas
Hasta el momento, ni Raúl Chávez, en su calidad de asambleísta y director de RETO. Ni los principales dirigentes de RC —como el expresidente Rafael Correa o la excandidata presidencial Luisa González— han emitido comentarios sobre el proceso.
La expectativa se centra ahora en cómo se pronunciarán las cúpulas del correísmo y cuál será la resolución del TCE. Lo cierto es que el caso no solo tiene implicaciones legales para RETO. Sino también consecuencias políticas para la alianza con la Revolución Ciudadana y, particularmente, para la figura de Aquiles Álvarez en Guayaquil.
