La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional solicitará información a la Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales sobre las reformas que afectan el acceso a las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.
La resolución la adoptó la comisión este 23 de abril de 2026, luego de que el legislador Isaac Solano, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), planteara un cambio en el orden del día. Tras el debate, el texto recibe el respaldo de nueve asambleístas.
Solano advierte que en los últimos días existe una polémica respecto del acceso a la información de las declaraciones patrimoniales, sobre todo en la página de la Contraloría.
Señala que, lamentablemente, hay "grupos que se cogen de estos problemas para generar, ya sea un tipo de desestabilización o confrontación, y también desinformación".
El legislador precisa que no tiene ningún problema en que su declaración patrimonial sea visible en el ámbito público, pero recalca que la transparencia tampoco debe convertirse en un parámetro que habilite el uso indebido de la información, pues ello puede abrir puertas "ya sea a la extorsión, amenazas e incluso ataques personales".
Contraloría restringe el acceso a declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos
El asambleísta Blasco Luna, de Revolución Ciudadana (RC), señala que no es la primera vez que la Contraloría restringe el acceso a las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.
En 2021, el excontralor Pablo Celi emite una medida similar mediante la implementación de obstáculos digitales para acceder a esa información. Esa acción dura poco por las críticas de la ciudadanía expuestas a través de medios de comunicación y redes sociales.
Luna sostiene que, a partir del 20 de abril de 2026, el contralor Mauricio Torres vuelve a emitir esta medida "dictatorial" que busca obstaculizar el acceso a la información pública de las declaraciones patrimoniales de manera libre y abierta.
Según Luna, Torres modifica el reglamento de un "plumazo", como lo hizo Pablo Celi, al colocar un candado que exige al ciudadano solicitante entregar número de cédula, fecha de expedición, correo electrónico y que acepte un aviso de privacidad. Lo peor, añade, es que una vez ingresada la información obligatoria, la Contraloría no emite ningún documento y, además, bloquea el acceso al desglose de los pasivos, los activos y las cuentas de paraísos fiscales de los funcionarios públicos.
ADN defiende el proceso legislativo ante el debate por las declaraciones patrimoniales
Solano asegura que la Superintendencia de Protección de Datos Personales señala que este tipo de medidas responden a una serie de recomendaciones técnicas que garantizan la protección pública.
Por su parte, Diana Jácome (ADN), presidenta de la mesa legislativa, aclara que nadie está encubriendo. Precisa que el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece la facultad de requerir información o comparecencias de funcionarios públicos; por lo tanto, la comisión cumple su deber al solicitar información.
Los delegados de Revolución Ciudadana proponen convocar al contralor Mauricio Torres Maldonado durante el debate; sin embargo, la iniciativa no cuenta con el apoyo de ADN ni de sus aliados.
Desde la presidencia de la mesa se precisa que, una vez analizada la información de ambas autoridades, se determinará si procede o no su convocatoria. Jácome indica que las dos autoridades tienen diez días de plazo para remitir la información y que, de ser necesaria la comparecencia, se dará en su momento, para que expliquen y den a conocer su decisión.
Además, reitera que las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos son abiertas.
Protección de datos frente a transparencia, el eje del conflicto
La tensión entre el acceso libre a la información pública y la protección de datos personales marca el debate en la comisión.
Jácome insiste en que la Asamblea no encubre a nadie y que el procedimiento legal ampara el requerimiento de información.
La comisión aguardará la respuesta de la Contraloría y de la Superintendencia para definir los pasos siguientes en torno a las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.
El plazo de diez días corre a partir de la aprobación de la resolución este 23 de abril de 2026.
