El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, amplió este jueves 18 de septiembre, mediante el Decreto Ejecutivo 146, el estado de excepción a la provincia de Chimborazo. Esta se suma a Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. La medida, vigente por 60 días a partir del 16 de septiembre, responde a una “grave conmoción interna” causada por bloqueos de vías principales. Además, se impuso un toque de queda de 22h00 a 05h00 en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi. Esta va junto con la suspensión de la libertad de reunión en las ocho provincias.
El Ejecutivo justificó las medidas debido a la obstaculización de carreteras, que impide el libre tránsito de personas y vehículos. Se ven afectados derechos ciudadanos y actividades económicas, comerciales y laborales. El decreto autoriza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a intervenir para “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos” que representen amenazas a la seguridad. La inclusión de Chimborazo se decidió tras reportes de bloqueos en vías clave de la provincia. Estos se suman a las protestas registradas en el país.
Intervención para garantizar el orden
El estado de excepción permite a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional despejar vías y mantener el orden público en las provincias afectadas. El toque de queda en cinco provincias restringe la movilidad nocturna para prevenir disturbios. Además, la suspensión de la libertad de reunión busca evitar concentraciones que puedan escalar en protestas.
La medida responde a un contexto de tensiones sociales, desencadenadas por la reciente eliminación del subsidio al diésel, anunciada por Noboa. Esta decisión ha generado protestas, lideradas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que el 18 de septiembre convocó un paro nacional indefinido. Los bloqueos de carreteras han afectado el transporte y el abastecimiento en varias regiones, especialmente en la Sierra.
Contexto de malestar social
La declaración de estado de excepción se produce en un momento de creciente agitación en Ecuador, con antecedentes de protestas similares en 2019 y 2022 que paralizaron el país. La eliminación del subsidio al diésel, destinada a optimizar recursos fiscales, ha sido criticada por sectores sociales. Ellos argumentan un aumento en los costos de vida y transporte. Las provincias bajo estado de excepción, especialmente las andinas, son puntos estratégicos donde las movilizaciones han tenido mayor impacto.
El Gobierno de Noboa busca con estas medidas restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Se prioriza la seguridad y la continuidad de las actividades económicas. Sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden y las restricciones de movilidad podrían generar nuevas fricciones. Estas pueden surgir con los sectores movilizados, que exigen la reversión de las políticas económicas.
Implicaciones de las medidas
El estado de excepción y el toque de queda afectan a más de la mitad de las provincias ecuatorianas. Esto refleja la magnitud de la respuesta gubernamental ante las protestas. Las autoridades deberán garantizar que las medidas se implementen sin vulnerar derechos fundamentales. Mientras tanto, se espera que las negociaciones con los sectores sociales avancen para evitar una escalada del conflicto.
