El 18 de septiembre de 2025, el Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a cuatro servidores judiciales en Ecuador, tras confirmar su vinculación con el caso Narcotentáculos, investigado por presunta delincuencia organizada, con el objetivo de garantizar la independencia y transparencia del sistema judicial.
Destitución tras investigaciones internas
La sesión ordinaria N° 083-2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la destitución de los funcionarios después de comprobar su participación en graves actos que comprometieron la integridad de la Función Judicial.
Las vocales Yolanda Yupangui y Solanda Goyes, junto al presidente Mario Godoy, votaron a favor de la medida disciplinaria.
El CJ reafirmó que su actuación se orienta a proteger la ética, la independencia judicial y la confianza ciudadana en la administración de justicia.
La investigación se centró en supuestos actos de corrupción relacionados con el caso Narcotentáculos, que involucra presuntas redes de delincuencia organizada dentro de la justicia. Según fuentes del Consejo, la destitución fue resultado de un análisis riguroso de pruebas documentales y testimoniales que evidenciaron irregularidades en el desempeño de los servidores.
El proceso disciplinario se desarrolló bajo los principios de transparencia y respeto a las normas legales vigentes, evitando cualquier vulneración de derechos.
Impacto en la Función Judicial
Expertos consultados señalan que estas medidas refuerzan la importancia de la supervisión interna y la rendición de cuentas en la justicia ecuatoriana. El CJ mantiene activa su política de control, monitoreo y sanción para prevenir actos de corrupción que comprometan la administración de justicia.
La decisión busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero frente a conductas que afecten la credibilidad institucional. La ciudadanía y los operadores jurídicos han mostrado interés en conocer los detalles del caso Narcotentáculos, especialmente por la implicación de altos funcionarios judiciales.
Este tipo de acciones contribuye a generar confianza en los mecanismos de control interno y la efectividad de las sanciones ante la corrupción. El Consejo reiteró que continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias con firmeza, enfocándose en la ética judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Continuidad de la vigilancia judicial
El CJ también anunció que seguirá fortaleciendo sus sistemas de supervisión, incluyendo auditorías y evaluaciones periódicas de servidores judiciales. Estas medidas forman parte de un plan integral que busca consolidar la independencia de jueces y fiscales, evitando interferencias externas en la administración de justicia.
De esta manera, la institución proyecta mantener la confianza pública, asegurando que actos ilícitos no queden impunes dentro del sistema judicial.
