La Corte Provincial de Pichincha declaró inocentes a Jorge Yunda, exalcalde de Quito, y a 13 procesados, el 22 de septiembre de 2025, en el caso por la compra de pruebas PCR. Esto ocurre al determinar que no existió perjuicio económico ni delito de peculado.
Tribunal dicta inocencia
La sentencia revocó todas las medidas cautelares contra los procesados, como grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante el Tribunal. Los jueces concluyeron que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar sobreprecio o perjuicio en el contrato firmado por el Municipio de Quito durante la emergencia sanitaria de Covid-19.
La audiencia de lectura de sentencia se reinstaló la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025. Tras una suspensión de casi 500 días, incluida la paralización de 30 días del juez José Jiménez, sancionado por el Consejo de la Judicatura.
Previo al inicio de la diligencia, Yunda manifestó confianza en el fallo judicial. Señaló que durante el proceso no se pudo comprobar sobreprecio ni la entrega de pruebas defectuosas.
Un caso complejo y prolongado
El proceso se originó en abril de 2020, con un contrato de USD 4,2 millones entre el Municipio de Quito y la empresa Salumed S.A. para la compra de 100.000 pruebas PCR. La Fiscalía sostuvo que se entregaron pruebas RT-LAMP, de menor eficacia, y que el perjuicio económico superaba los USD 2,2 millones.
Entre los procesados estuvieron el exsecretario de Salud Lenín Mantilla, el empresario Juan Alejandro Vinelli, la exsecretaria de Salud Ximena Abarca y la excoordinadora técnica Linda Guamán, junto a otros funcionarios y asesores municipales.
La primera audiencia de juicio se instaló el 6 de febrero de 2024, tras varios aplazamientos y la nulidad del proceso inicial en 2023, lo que obligó a reiniciar la etapa de prueba.
Contexto judicial de Yunda
El caso pruebas PCR fue el proceso más avanzado de los abiertos contra Yunda y su administración. La Fiscalía lo acusaba como autor mediato del presunto delito de peculado, junto a exfuncionarios y representantes de la empresa proveedora.
Con la decisión del Tribunal, el proceso concluye sin sanciones penales, luego de más de cinco años de trámites judiciales desde la firma del contrato. La sentencia marca un punto de cierre en uno de los casos más mediáticos surgidos durante la pandemia de Covid-19 en Ecuador.
