Rafael Correa volvió a intervenir en el debate por el alza del pasaje urbano. Lo hizo al repostear un mensaje del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien el 15 de septiembre de 2025 había dicho que el Municipio no sería "cómplice" de decisiones del Gobierno que golpearan el bolsillo ciudadano.

"Aquiles dejó claro lo del alza del pasaje", escribió Correa. Luego sostuvo que el problema "inició el Gobierno por cumplir con el FMI" y que el Ejecutivo debía resolverlo con dos caminos: mantener la compensación a los transportistas o devolver el subsidio al diésel.

Pero hay dos datos que no incluye; la competencia sobre tránsito y transporte público urbano fue trasladada a los municipios bajo el marco constitucional y legal construido durante el Gobierno de Correa. Eso ocurrió, cuando el ex mandatario quería trasladar la responsabilidad del incremento de los pasajes a sus entonces opositores Jaime Nebot y Mauricio Rodas para debilitarlos políticamente. 

La competencia nació en el correísmo

La Constitución de 2008, aprobada durante su administración, estableció como competencia exclusiva municipal "planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal".

Luego, también durante el correísmo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), aprobado en 2010, desarrolló esa atribución y la amplió al transporte terrestre dentro de la circunscripción cantonal.

Esa base legal permitió que el Consejo Nacional de Competencias avanzara en la transferencia progresiva de la competencia. La Resolución 006-CNC-2012 ya incluyó la facultad de regular la fijación de tarifas del transporte terrestre, algo que ocurrió, en plena pugna con Nebot y Rodas.

El punto quedó aún más claro con la Resolución 003-CNC-2014. Esa norma ratificó que la competencia fue transferida de manera obligatoria y definitiva a los GAD metropolitanos y municipales, y que no podía ser devuelta ni rechazada. También señaló que a los municipios les corresponde fijar la tarifa de transporte terrestre.

En ese momento, el  el Gobierno Central al mando de Correa también buscaba eliminar los subsidios directos a los transportistas y transferir la responsabilidad de ajustar los pasajes a los municipios.

Una disputa que ya ocurrió

El debate no es nuevo. En 2014, cuando Correa era presidente, el Gobierno central mantuvo tensiones públicas con alcaldes como Jaime Nebot, en Guayaquil, y Mauricio Rodas, en Quito.

Nebot cuestionó entonces que se trasladara a los municipios el costo político de un eventual aumento del pasaje. Su argumento era que el Gobierno central no podía retirar compensaciones o subsidios y luego responsabilizar a las alcaldías por la tarifa final.

Ese antecedente vuelve incómodo el mensaje actual de Correa. Hoy responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa por el impacto del diésel y las compensaciones, pero omite que su propia administración impulsó el marco que dejó a los municipios como actores directos en la fijación tarifaria y cuando ocurría algo parecido.

Aquiles Álvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026 dentro del caso "Goleada", relacionado con presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. La Fiscalía también vinculó a otras personas en esa investigación. Álvarez ha negado las acusaciones y ha hablado de persecución política.