La Ley de Integridad Pública enfrenta una nueva demanda de inconstitucionalidad , luego de que el sector cooperativo rechazara la intención de convertir a las cooperativas en bancos . La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario ( Asofipse ) manifestó su oposición contundente a esta medida que afectaría a miles de socios en el país.
El 4 de julio, Asofipse interpuso la demanda ante la Corte Constitucional contra la Ley , cuyo reglamento se publicó apenas el martes 22 de julio. La problemática gira en torno a la disposición transitoria décimo primera, que ordena a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria emitir regulaciones en tres meses para identificar qué cooperativas deberán convertirse en bancos .
André Benavides , abogado de Asofipse , explicó que el plazo para conformar la mencionada junta vence el 26 o 27 de julio de 2027. Esto implica que las cooperativas solo conocerán en diciembre cuáles tendrán que cambiar su figura legal. Esta incertidumbre genera preocupación en el sector sobre la implementación y sus posibles consecuencias.
Benavides aclaró que el gremio no rechaza toda la Ley de Integridad Pública , ya que contiene "importantes medidas relacionadas con la seguridad del país". Sin embargo, solicitaron a la Corte Constitucional que suspenda de forma cautelar la disposición transitoria para evitar que se ejecute hasta que exista un fallo definitivo.
Juan Pablo Guerra , director de Asofipse , manifestó la preocupación del sector porque no se han detallado los requisitos , procesos ni sanciones en caso de incumplimiento. “No se puede obligar a los más de seis millones de socios que eligieron ser parte del sistema popular y solidario , a pasar a un sistema al que no quieren pertenecer”, sostuvo.
Guerra añadió que bajo la misma lógica, se podría forzar a un banco a convertirse en cooperativa , demostrando la arbitrariedad de la medida. Además, advirtió que transformar una cooperativa en banco destruiría pilares fundamentales de su esencia, particularmente el de la democracia participativa , en el que cada socio tiene igual valor sin importar su inversión económica.
Asofipse argumentó ante la Corte Constitucional que la disposición transitoria viola la Constitución , la cual garantiza la existencia de un sistema financiero popular y solidario con identidad y normativas propias. La demanda solicita que se respete este marco constitucional y se eviten cambios que pongan en riesgo la naturaleza y funcionamiento del sector cooperativo .
Cabe destacar que las cooperativas agrupadas bajo Asofipse representan un sistema con más de seis millones de socios y activos superiores a $19 mil millones. Por ello, la urgencia de un canal formal de diálogo con el Gobierno para exponer la realidad del sistema y buscar soluciones consensuadas resulta imprescindible.
La Ley de Integridad Pública pretende que ciertas cooperativas se transformen en sociedades anónimas reguladas por la Superintendencia de Bancos . Las cooperativas han denunciado que esta medida afecta no solo a la estructura jurídica, sino también al control democrático sobre el sistema.
La disposición transitoria obliga a la creación de una junta que debe definir cuáles entidades pasarán a la categoría de bancos bajo regulación estricta.
