El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el 1 de junio de 2026 la solicitud de juicio político contra Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, presentada por legisladores de la Revolución Ciudadana. El proceso continuará en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que deberá analizar el expediente y determinar el trámite correspondiente dentro de los plazos establecidos por la ley.
La solicitud fue impulsada por los asambleístas Blasco Luna y Lenin Barreto, quienes argumentan una presunta responsabilidad política y un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con la contratación de los proyectos de generación eléctrica Salitral y Quevedo.
El pedido fue presentado el 27 de mayo de 2026 y revisado por el CAL durante una sesión realizada la noche del lunes 1 de junio de 2026. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos formales, el organismo resolvió calificar la solicitud y remitirla a la instancia legislativa competente.
Comisión de Fiscalización inicia revisión de solicitud contra Inés Manzano
Con la calificación del trámite, la Comisión de Fiscalización recibirá oficialmente la documentación para iniciar el análisis del caso. De acuerdo con la normativa legislativa, esta comisión dispone de cinco días desde la notificación para conocer el expediente y resolver sobre el procedimiento que seguirá el proceso de fiscalización.
El expediente contiene 52 páginas de documentación relacionadas con los antecedentes de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico nacional y las acciones adoptadas para incorporar generación emergente al sistema eléctrico ecuatoriano.
Antecedentes del proceso
Según la documentación presentada por los legisladores proponentes, los hechos se remontan al 16 de abril de 2024, cuando el entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, suscribió un acuerdo ministerial que declaró la emergencia del sector eléctrico.
El documento dispuso que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) ejecutara acciones para la adquisición, suministro, construcción y puesta en funcionamiento de sistemas de interconexión destinados a incorporar generación adicional emergente al sistema nacional.
Las acusaciones planteadas en el pedido de juicio político se centran en decisiones relacionadas con los proyectos de generación eléctrica de Salitral y Quevedo, considerados parte de las medidas implementadas durante la emergencia energética.
Próximas etapas legislativas
La Comisión de Fiscalización deberá determinar si el proceso cumple con los elementos necesarios para continuar dentro del procedimiento legislativo previsto para los juicios políticos.
Una vez concluida esta etapa inicial, la comisión emitirá las resoluciones correspondientes conforme a las facultades establecidas por la Asamblea Nacional.
El avance del trámite marca el inicio formal de una nueva fase de control político en torno a la gestión de la exfuncionaria, dentro de un contexto de revisión legislativa de las decisiones adoptadas durante la emergencia eléctrica nacional.
