El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 328 este 13 de marzo de 2026, ordenando al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitir alertas sobre riesgos asociados a personas y empresas que participen en contratos públicos bajo régimen especial, para identificar posibles vínculos con corrupción, crimen organizado o financiamiento ilícito antes de adjudicar contratos estatales.

Alertas y análisis de riesgo

El decreto establece que el CNI elaborará informes técnicos dirigidos directamente al Presidente de la República cuando se detecten riesgos en oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas o beneficiarios finales. Según la norma, los informes incluirán posibles conexiones con estructuras criminales, lavado de activos, injerencia extranjera o amenazas a la seguridad del Estado. Un funcionario del CNI declaró: "Nuestro objetivo es que ningún actor vinculado al crimen organizado tenga acceso a contratos públicos. Esta medida fortalece la transparencia y seguridad del Estado".

Para implementar el control, los ministerios y entidades de la Función Ejecutiva deberán remitir al CNI el listado completo de participantes antes de adjudicar contratos, incluyendo estructura societaria y beneficiarios finales. Esto permitirá que los análisis de riesgo sean oportunos y las alertas efectivas.

Coordinación interinstitucional

El decreto dispone que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 proporcione datos de geolocalización si son requeridos en tareas de inteligencia. Además, la Dirección de Control Migratorio del Ministerio del Interior se incorpora como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia, apoyando la identificación de riesgos relacionados con personas extranjeras o movimientos sospechosos.

Estas medidas buscan que los contratos públicos se otorguen solo a empresas y personas que no representen amenazas para la seguridad nacional. La normativa establece que las disposiciones entran en vigencia desde la fecha de suscripción y deben aplicarse incluso a los procesos de contratación ya iniciados pero aún no adjudicados.

Con esto, el Ejecutivo pretende cubrir cualquier vacío legal que permita la participación de actores con riesgo de corrupción o vínculos criminales. El decreto refuerza el uso de inteligencia como herramienta preventiva y no solo reactiva, un cambio que analistas consideran clave para fortalecer la gestión pública.

Contexto y relevancia

La medida se produce en un contexto de mayor atención a la transparencia en la contratación pública en Ecuador. Expertos en gestión pública señalan que la combinación de alertas de inteligencia y cooperación interinstitucional puede reducir significativamente la exposición del Estado a riesgos financieros y legales.

Con esta política, Ecuador busca cumplir estándares internacionales de prevención de corrupción y lavado de activos en la administración estatal.