Néstor Marroquín, promotor de la revocatoria del mandato contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, decidió no presentar las firmas necesarias para continuar el proceso, tomando por sorpresa al Consejo Nacional Electoral (CNE). El plazo para entregar las rúbricas venció el 5 de octubre, pero el 4 de octubre, Marroquín anunció que no seguiría adelante, argumentando que los voluntarios podrían enfrentar procesos penales si alguna firma resultara inválida o falsa.
La decisión de Néstor Marroquín generó incertidumbre en el organismo electoral, que ahora evalúa cómo proceder ante esta situación sin precedentes. La revocatoria, un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la legislación ecuatoriana, requiere un número significativo de firmas para avanzar hacia una consulta popular.
En una rueda de prensa realizada la mañana del 6 de octubre, Luis Bravo, coordinador nacional de Participación Política del CNE, explicó que “es la primera vez que pasa algo así”. Detalló que el 8 de abril de 2025, Néstor Marroquín recibió los formularios para recolectar firmas en un plazo de 180 días. El 2 de junio, el promotor entregó 600 formularios con 4.800 firmas, pero el 4 de octubre solicitó no presentar más rúbricas y procesar las ya entregadas.
Sin embargo, el 6 de octubre, Néstor Marroquín cambió su postura y pidió que no se procesen las firmas y se le devuelvan los formularios. Bravo señaló que el CNE consultó a la Dirección Jurídica para resolver el caso. “Hasta que no exista una respuesta, no vamos a procesar ni a devolver los formularios”, afirmó, añadiendo que la resolución se espera en el transcurso del día debido a la urgencia del asunto.
Durante su informe semanal del lunes 6 de octubre, el alcalde Pabel Muñoz se refirió al tema. “No presentaron las firmas. Y eso lo dice todo: los quiteños no apostaron por el caos ni por la inestabilidad. Apostaron por el trabajo, por las obras, por el futuro”, declaró. Muñoz criticó el uso de herramientas jurídicas sin sustento, sugiriendo que los promotores deberían asumir las consecuencias de los recursos y tiempo invertidos por el Estado.
Muñoz agregó: “Su capricho, su chiste, nos costó este tiempo de trabajo, estos recursos, usted debería responder por esos temas”. El proceso de revocatoria exige al menos el 25% del padrón electoral de Quito, unas 400.000 firmas , para convocar a una consulta. Las 4.800 firmas entregadas inicialmente por Marroquín representan una fracción mínima de este requisito.
El CNE continúa evaluando el caso, que ha generado debate sobre la seriedad de las iniciativas de participación ciudadana y los costos asociados al sistema electoral. La decisión de la Dirección Jurídica determinará si los formularios se procesan, se devuelven o se archiva el caso. Mientras la ciudadanía espera claridad sobre el futuro de esta iniciativa.
