El Tribunal de Apelación de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha programó para el jueves 5 de marzo de 2026, a las 14h00, la reinstalación de la audiencia de apelación a la prisión preventiva en el caso "Goleada".

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En esta diligencia, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, César Emilio Bravo y Fernando Peñaherrera, buscarán revocar la medida cautelar para recuperar su libertad.

La audiencia, originalmente prevista para el lunes 2 de marzo, se diferió debido a la inasistencia del representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), Dennis Villavicencio, lo que generó sanciones y ajustes en el proceso judicial.

Aplazamiento por ausencia del Fiscal

Según diario Expreso, la ausencia del fiscal impidió la instalación de la sesión en el Complejo Judicial Norte de Quito. Esto llevó al Tribunal a solicitar al Consejo de la Judicatura la apertura de un proceso sancionatorio contra Villavicencio.

Además, los magistrados declararon por unanimidad el abandono del recurso de apelación interpuesto por la propia Fiscalía respecto a otros procesados que actualmente gozan de medidas alternativas a la prisión. Esta decisión implica que la FGE no podrá solicitar prisiones preventivas para ellos en el futuro.

Detalles de los procesados y cargos

Los implicados, detenidos desde el 11 de febrero, enfrentan cargos por presunta delincuencia organizada relacionada con el comercio irregular de diésel a través de empresas familiares como Copedesa, Corpalubri y Ternape.

Aquiles Alvarez permanece en la cárcel Regional de Cotopaxi, mientras que los demás se encuentran en la cárcel de Turi, en Azuay. El Tribunal ratificó que la audiencia se desarrollará en formato mixto, con participación telemática de los presos. Es decir, ordenando al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) garantizar la conexión estable.

Medidas de seguridad y advertencias judiciales

En este contexto, los jueces negaron la solicitud del alcalde Alvarez para comparecer de manera presencial, priorizando la seguridad y eficiencia del proceso. Advirtieron que cualquier inasistencia injustificada de los abogados defensores resultará en la intervención inmediata de la Defensoría Pública para asegurar la continuidad.