La deuda tributaria del Grupo Noboa con el Estado ecuatoriano —que durante años fue objeto de debate político, demandas judiciales, señalamientos de ser ilegal y política, así como de polémica sobre su reducción— quedó en cero. Así lo confirmó Fernando Yavar , abogado conglomerado, al explicar por primera vez cómo se efectuó el pago y bajo qué mecanismo legal se extinguió la obligación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) .La explicación llega luego de semanas de silencio empresarial y críticas de distintos sectores políticos que exigían transparencia sobre una deuda que, según el propio SRI, rozaba los USD 94 millones hasta inicios de 2025.

“Pagamos USD 25 millones y nos acogimos a la remisión”

En entrevista con el medio digital La Posta, Yavar aseguró que la deuda fue resuelta mediante el pago directo de USD 25,7 millones y el acogimiento a una remisión tributaria contenida en la llamada Ley de Integridad Pública , impulsada y aprobada durante la actual administración de Daniel Noboa .“ El Grupo Noboa pagó USD 25 millones 768 mil 621 al fisco ecuatoriano. Eso fue el capital pendiente. El resto —intereses, multas y costas— quedó eliminado con la remisión tributaria, como ocurrió con más de 100 mil contribuyentes”, explicó el abogado.Según Yavar, el proceso abarcó 25 rubros fiscales acumulados entre 2006 y 2025 , principalmente de la empresa Exportadora Bananera Noboa , y tras dos fallos judiciales favorables al grupo, la deuda se redujo en unos USD 15 millones , antes de acogerse al beneficio.

Una ley promovida por el propio gobierno Noboa

El mecanismo que permitió esa reducción fue la Ley de Integridad Pública , aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional a inicios de 2025 y posteriormente declarada inconstitucional por la Corte Constitucional . Mientras estuvo vigente —unos tres meses— permitió la condonación de multas, intereses y costas a quienes cancelaran el valor principal de sus deudas tributarias.“No hay conflicto de intereses”, defendió Yavar. “La ley benefició a más de 103 mil contribuyentes, no solo al Grupo Noboa”.Sin embargo, la coincidencia temporal entre la vigencia de la norma y el proceso de pago de la deuda de las empresas familiares del presidente Daniel Noboa ha provocado fuertes cuestionamientos políticos y éticos.

“Un presidente no puede legislar para sí mismo”

Las críticas se intensificaron cuando el abogado confirmó que la empresa se acogió precisamente a la remisión tributaria impulsada por el propio Ejecutivo . Diversos actores han calificado el caso como un ejemplo de conflicto de interés institucional .La periodista María Sol Borja , publicó que “no es un detalle menor que la actual directora del SRI —nombrada en septiembre— haya sido hasta mayo gerente tributaria de otra empresa del Grupo Noboa”.La ley eliminó la prohibición expresa que impedía a empresas vinculadas al presidente beneficiarse de una remisión. Es una ironía que se llame Ley de Integridad Pública, sostuvo Borja.

Del reclamo político a la cifra cero

En abril de 2025, el SRI aún registraba una deuda de USD 94 millones correspondiente a la Exportadora Bananera Noboa. Seis meses después, el saldo aparecía en USD 3,5 millones y, finalmente, fue declarado en cero el 1 de octubre.El primo del mandatario, Leonardo Noboa Ycaza , celebró entonces el cierre de la deuda:“Las obligaciones de las empresas han sido pagadas en su totalidad de acuerdo con la ley. La deuda con el Estado es cero”, afirmó en un comunicado.El tono del mensaje, sin embargo, avivó las críticas. Noboa Ycaza calificó de “persecución” los procesos fiscales del pasado y dijo que “el odio y el resentimiento” de ciertos funcionarios habían retrasado los fallos judiciales.

Protestas y contraste social

El anuncio de la reducción de la deuda coincidió con un paro nacional convocado por la Conaie , en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. En ese contexto, la Unión Nacional de Educadores (UNE) publicó un pronunciamiento titulado: “Beneficios para el Grupo Noboa, represión y hambre para el pueblo” .La UNE denunció que el Estado dejaba de percibir más de USD 80 millones , monto que —según sus cálculos— equivaldría a:

  • La construcción de 22 hospitales tipo C ,
  • El equipamiento de 100 escuelas fiscales ,
  • El pago de un mes de salario para 20.000 médicos ,
  • La implementación de 300 unidades de policía comunitaria .

“Mientras al pueblo se le pide sacrificio, las élites se autoexoneran de pagar lo que deben al país”, expresó el gremio docente en su boletín.

Una historia de 19 años de disputas fiscales

La disputa entre el SRI y el Grupo Noboa no es reciente . Se remonta a 2006, cuando el entonces director del SRI, Carlos Marx Carrasco , inició una serie de procesos contra la Exportadora Bananera Noboa por presuntas subdeclaraciones y diferencias en las bases imponibles.
En ese momento, el grupo Noboa sostuvo públicamente que se trataba de una persecución política ordenada por el entonces presidente Rafael Correa . El conglomerado empresarial dijo que la deuda calculada por el SRI no era legítima , sino el resultado de una campaña de hostigamiento dirigida contra el grupo empresarial de Álvaro Noboa Pontón , quien en esa época también era adversario político de Correa. Noboa sostenía que él había ganado la elección presidencial y que se había hecho un fraude a favor de Correa en su primera elección como mandatario. Luego fue muy crítico a sus gobiernos y los actos de corrupción que se denunciaron en la época.Desde entonces, la deuda fue objeto de múltiples recálculos, apelaciones y resoluciones judiciales. Durante los gobiernos de Correa, Moreno y Lasso se aplicaron al menos cinco remisiones tributarias , pero el grupo no logró cerrar su obligación hasta 2025.Yavar insistió en que la remisión aplicada ahora no fue un favor político. Aseguró que es un derecho tributario que el Estado ha ofrecido repetidas veces a todos los contribuyentes.

La sombra de la Corte Constitucional

El episodio adquirió otro matiz cuando la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública , lo que generó dudas sobre los beneficios concedidos mientras la norma estuvo vigente.El fallo no anuló los pagos ya realizados, pero abrió el debate sobre si un gobernante puede promover una legislación de la que resulta beneficiario directo. Más allá del resultado contable y legal, el tema ha dejado un debate político encendido sobre la transparencia, la equidad tributaria y los límites éticos del poder.